1.- FGE y Prodheg: el costo político de la impunidad
La impunidad en medio de una crisis de violencia como la que vive Guanajuato, es directamente proporcional al agravio histórico que viven sus habitantes. Por lo anterior, el papel desempeñado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría de lo Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) debe mantenerse en escrutinio y denunciarse cuando éste no obedece a la expectativas de su deber ser. Ayer una sentencia judicial obtuvo trascendencia especial, al dejar asentadas las omisiones en las que la FGE de Carlos Zamarripa Aguirre incurrió, al echar por tierra la necesaria investigación de los agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) que reprimieron la manifestación de buscadoras en julio 2020. Solapando las agresiones que sufrieron las madres de familia partícipes de aquella movilización, que reclamaban con toda razón el esclarecimiento de la desaparición de personas en el estado, la Fiscalía incluso abrió carpetas de investigación contra las agraviadas que después se vio obligada a cerrar. Ahora la base de esa sentencia que exhibe la negligencia de la FGE, es la resolución de la Prodheg (entonces la PDHEG a cargo de Raúl Montero de Alba), que con un observador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en aquella protesta, dictaminó irremediablemente los abusos policiacos que hasta ahora siguen impunes. Ahora bien, la falta de cumplimiento a esas recomendaciones tampoco fue perseguida por el actual titular de la Prodheg, Vicente Esqueda Méndez, quien accedió a ese cargo en diciembre de ese mismo año y que también ayer fuera exhibido por diversas organizaciones de la sociedad civil ante diputados del Congreso del Estado. En el marco del análisis de su informe anual de actividades, los activistas defensores de derechos humanos –muchos de ellos con más años en sus causas que Esqueda en su cargo- evidenciaron su inacción, pero sobre todo su falta de autonomía advertida desde su designación por su militancia en el PAN. El cálculo político en sus recomendaciones, así como su apatía y cerrazón para atacar el rezago en la defensa en los derechos de la mujer, la infancia, la diversidad, a la justicia para las víctimas del delito y a un medio ambiente sano, fueron los reclamos naturales de una sociedad organizada que no admite la inacción. Ayer, sin duda, se vivieron apenas unas muestras de los costos políticos que tanto la FGE como la Prodheg pagan, al propiciar la impunidad que están obligados a combatir.