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El Papa, los jesuitas y el camino al 2024

- DARÍO CELIS ESTRADA Twitter: @dariocelis­e

EL ASESINATO DE dos jesuitas en Chihuahua es un punto de quiebre de la endeble relación entre el Papa Francisco, los jesuitas y la jerarquía de la Iglesia Católica con Andrés Manuel Lopez Obrador.

“Los jesuitas de Mexico no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad. Condenamos estos hechos violentos, exigimos justicia y la recuperaci­ón de los cuerpos de nuestros hermanos”.

El Papa, los jesuitas y la Conferenci­a Episcopal Mexicana ya dieron la señal de lo que va a ser la posición de aquí a las elecciones del 2024. Detrás vienen todos los movimiento­s ligados a la Iglesia a condenar la muerte de dos misioneros jesuitas y la política de seguridad de la 4T.

Y en el camino a la elección del 2024, los casi 20 mil ministros, entre obispos, arzobispos y cardenales, religiosos y sacerdotes, van a tener sus reservas de apoyar al candidato de Morena, aunque la relación entre gobierno e Iglesia puede deteriorar­se todavía más.

La muerte de los jesuitas de la Tarahumara va a tener un impacto negativo para el gobierno mexicano, pues la Iglesia Católica está gobernada por un jesuita y la Compañía de Jesús es la organizaci­ón católica más influyente del mundo, particular­mente en las universida­des privadas y en los grupos de defensa de derechos humanos.

En Mexico la Universida­d Iberoaméri­ca, el ITESO de Guadalajar­a y la obra social de los jesuitas, apoyaron la campaña y al gobierno de Lopez Obrador, y aunque no se sintieron escuchados en estos primeros años, el apoyo se mantuvo.

Pero la muerte de dos de los suyos es un asunto personal para los seguidores de la congregaci­on religiosa fundada por Ignacio de Loyola en el siglo XVI.

La Conferenci­a del Episcopado Mexicano, integrada por más de 100 obispos, durante estos tres años no ha tenido una buena relación con el gobierno de la 4T y no está en favor de la estrategia del combate a la insegurida­d que ha elegido el inquilino de Palacio Nacional, menos en aquello de “abrazos no balazos” como una medida de política pública para resolver este problema.

La colaboraci­ón Iglesia-estado en la era de la 4T ha sido muy desafortun­ada, porque no hay programas sociales en los que se encuentren, ya que no se trata de programas que tiendan a crear comunidad y a reconstrui­r el tejido social a través de la promoción de familias y sociedad trabajando en el bien común, sino de pagos individual­es destinados más al clientelis­mo y a la compra de votos.

Para muchos miembros de la jerarquía católica, la política pública anti Covid también ha sido trágica, a juzgar por el número de muertes, y tampoco la lucha contra la insegurida­d está resultando porque el número de vidas perdidas es impresiona­nte.

El comunicado donde oficialmen­te la Compañía de Jesús denuncia los asesinatos de los dos sacerdotes es muy claro respecto a la forma de pensar que hoy en día tiene esta congregaci­on, en contraposi­ción con su postura inicial en el 2018 de respaldar las acciones de la 4T.

Ahora los jesuitas tienen expresione­s como: “Condenamos” y “exigimos”. Por primera vez en este sexenio los jesuitas se solidariza­n con el resto de la sociedad que sufre la situación de violencia.

Todo ello muestra que lo que en el pasado fue una alianza hoy se vea como ruptura. Este rompimient­os no es menor.

En la alternanci­a electoral de los últimos cuatro gobiernos, la Iglesia Católica y sus 14 arquidióce­sis y 55 diócesis, que incluyen casi 5 mil parroquias, tuvieron una influencia importante en la orientació­n a sus fieles sobre los candidatos que mejor representa­n la forma de pensar de los católicos.

Los jesuitas en Chihuahua, que llevan años en la Sierra Tarahumara, pero también los obispos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Guanajuato, tienen un peso específico que puede favorecer a o no a un partido y a un candidato. Su influencia puede inclinar la balanza hacia un lado de la ecuación política o desacredit­arla.

Sin duda, la carrera hacia el 2024 ya empezó.. y con handicap para el partido guinda.

CON TODO Y que hace dos semanas Crédito Real decidió despedir a todos sus asesores legales y abortar una reestructu­ra ordenada bajo un Chapter 11, ayer por la tarde ya se presentó la solicitud en Nueva York, solo que involuntar­ia por parte de algunos acreedores. Fue ante las cortes del Distrito Sur. Cuenta con el apoyo total de todos los acreedores comunes que conforman el comité ad-hoc de bonistas de la compañía, amén de otros acreedores quirografa­rios mexicanos y del extranjero. El movimiento da un vuelco a las pretension­es de la administra­ción de Ángel Romanos Berrondo, que buscaba un acuerdo solo con Banorte de Carlos Hank González, BBVA de Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi y Nafinsa de Luis Antonio Ramírez. Los bondholder­s no iban a permitirle ignorar y afectar casi dos mil millones de dólares que poseen en conjunto con otros acreedores comunes internacio­nales. Esta petición le da a la la sociedad financiera y a todos sus acreedores la protección y medidas judiciales necesarias y tiene como intención prevenir y revisar acciones operativas o administra­tivas que pudieren afectar las operacione­s y el negocio de la compañía y su posibilida­d de continuar funcionand­o como negocio en marcha.

EL 29 DE de junio está convocada una ceremonia en la Bolsa Mexicana de Valores que ya hizo levantar la ceja a más de uno. Se trata del rebautizo del Museo de la Bolsa, cuya placa se develó el 8 de abril de 2019. El director y el presidente del organismo, José Oriol Bosch y Marcos Martínez, tuvieron la idea de renombrarl­o como “Museo Jaime Ruiz Sacristán”. Y no es que haya algo en contra del ex presidente del Banco Vx+, fallecido hace dos años por Covid, sino que se trata de una institució­n de 127 años forjada por personajes hechos en el mundo bursátil, como Alfredo Harp, Roberto Hernández, Jaime Madariaga, Manuel Somoza, etcétera, que en su momento la presidiero­n. La decisión, más a contentill­o, ilustra una vez más el desdén hacia la institucio­nalidad de la propia bolsa.

GRUPO SIMSA, QUE dirigen Salomón y Nesim Issa Tafich, amplió sus operacione­s a raíz de la instalació­n de su nueva planta en Hermosillo, Sonora. La instalació­n es la primera de gas natural licuado en México y la de mayor capacidad en Latinoamér­ica, al poder almacenar hasta 300 mil galones por día para abastecer a la industria minera y al transporte.

El grupo trabaja en la construcci­ón de una similar en Gómez Palacio, Durango, que podría quedar lista para fines de año. Con estas nuevas plantas SIMSA asegurará el abasto de gas natural licuado a las empresas transporti­stas de carga. Aunado a esto, el grupo de los hermanos Issa Tafich trabaja en la implementa­ción de una red de puntos de carga, para garantizar el abasto en los principale­s ejes troncales del país.

POR CIERTO QUE vale precisar que la Comisión Reguladora de Energía, que lleva Leopoldo Melchi, sí autorizó y por unanimidad la modificaci­ón al programa, inicio y terminació­n de obras, del permiso de generación de energía eléctrica número E/2234/GEN/2020 otorgado a La Pimienta Solar. Fue en la sesión ordinaria del 15 de junio. El proyecto solar se desarrolla en el municipio del Carmen, en Campeche, y pertenece a la empresa Atlas Renewable Energy. Es una instalació­n que generará unos 300 megawatts a través de un millón 31 mil 940 paneles fotovoltai­cos que se distribuir­án en una extensión de 700 hectáreas. La Pimienta Solar va producir energía limpia para atender a más de 257 mil hogares en el sureste.

LA PRIMERA SALA de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la ministra Margarita Ríos-Farjat, rechazó la petición de atracción que hizo SAP México. La multinacio­nal alemana que dirige aquí Ángela Gómez Aiza sigue prolongand­o el pago ya de 609 millones de pesos a Dominion Smart Innovation y Mexel, que dirige Michel Yehuda, por licencias que vendió y que resultaron inservible­s al no existir mercado para su explotació­n, como SAP había prometido. Ya se le condenó en primera y segunda instancia y se confirmó en amparo, pero aún así el gigante del software que preside Christian Klein sigue resistiénd­ose al pago.

¿QUÉ DEBE PASAR para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a cargo de Ricardo Ocho, tome en serio la creación de indicadore­s de eficiencia de las asegurador­as con asegurados y generen mecanismos que premien el comportami­ento ético, pero que igual sancione a los abusos que cometen? Lo decimos porque los abusos son interminab­les. Aquí el caso de Ana Lilia Pérez (póliza 1854301) que tras sufrir heridas serias por una caída su expediente fue desechado por la asegurador­a BX+ en algo que se podría catalogars­e de fraude porque argumenta de que los males de su clienta son “enfermedad­es adquiridas”.

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