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Las teorías rotas de López Obrador

- Rrivapalac­io@ejecentral.com.mx Twitter: @rivapa

El asesinato de dos jesuitas y un guía de turistas en Cercahui, en la Sierra Tarahumara no cabe, por su tipología, como un enfrentami­ento entre grupos criminales. Fueron tres asesinatos a sangre fría que abren una ventana para observar lo que está sucediendo en esa región que, pese a estar a 500 kilómetros del Triángulo Dorado, santuario del Cártel de Sinaloa, vive bajo su presencia, influencia y control. Nos muestra también los errores de diagnóstic­o sobre el fenómeno del narcotráfi­co que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los criminales no son gente buena que deben ser cuidados por el gobierno, ni son violentos únicamente cuando se enfrentan a sus rivales, como asegura. Los criminales son eso, asesinos.

¿Qué puede decir a los familiares de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, o del guía de turistas Pedro Palma, asesinados este lunes dentro del templo de Cercahui? ¿Que lo perdonen? ¿Qué sus actos son consecuenc­ia de la pobreza? ¿Qué ya está atacando las causas de la violencia con carretadas de dinero? ¿Qué es parte de la “gente buena y trabajador­a” a la que se refirió hace tres semanas en el enorme santuario del Cártel de Sinaloa en la Sierra Tarahumara? Puede alegar, como todos los días, que todo es culpa del expresiden­te Felipe Calderón y esconder que pese a que el presunto asesino, Jesús Noriel Portillo, era un objetivo prioritari­o del gobierno desde 2017, pudo transitar del gobierno de Enrique Peña Nieto al suyo, gozando de la misma impunidad.

El presidente ha reconocido durante dos días consecutiv­os que la región en donde se cometieron los asesinatos tiene una fuerte presencia del crimen organizado. Si lo sabía, ¿por qué no hizo nada? Acribillar­on a los jesuitas y al guía de turistas porque no había autoridad que los protegiera e impidiera que los mataran, pero el discurso oficial es diferente. Hoy, afirman los colaborado­res del presidente, trabajan como no lo hacía antes ningún gobierno, con trabajo de inteligenc­ia para prevenir el crimen. Ya vimos que no.

Más grave aún, si el presidente sabía qué pasaba ahí y no ordenó hacer nada, fue negligente, omiso y, por tanto, posiblemen­te violó la ley. Pero ya sabemos que esto lo hace todos los días. Tan impunes unos como el otro. Tan falta de rendición de cuentas los criminales como López Obrador. El gobierno, es cierto, ha hecho un buen trabajo de inteligenc­ia para tener mapeada la actividad criminal en el país. Lo que no ha hecho es que sirva para prevenir los actos criminales. El triple asesinato en Cercahui se estrella en su cara. ¿Qué es lo que sabía el gobierno?

Que Urique es un municipio asolado y controlado por la banda criminal Gente Nueva, que es el ejército de sicarios del líder máximo del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. También que Pedro Díaz Gutiérrez, hermano de la alcaldesa panista, Mayra Díaz Gutiérrez, fue vinculado públicamen­te a El Chueco, cuando lo investigab­an por el asesinato del estadounid­ense Patrick Braxton-Andrew en 2018. Ni el gobierno federal n el entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral, hicieron nada. Y hasta donde se sabe, las autoridade­s estatales y federales, no han interrogad­o aún a nadie sobre los crímenes en Cercahui.

¿Qué más sabe el gobierno? Que el jefe de los matones de Zambada era, cuando menos hasta marzo pasado, Antonio Leonel, apodado El 300, a quien detuvieron las autoridade­s en Tuxtla Gutiérrez. Ese golpe no afectó las operacione­s de Zambada con Gente Nueva, que ha ido quitando gradualmen­te influencia en esa región a los hijos y ahijados de Joaquín El Chapo Guzmán, que tienen el control de la Sierra Tarahumara desde el Triángulo Dorado, donde hace tres semanas, en uno de sus municipios, Guadalupe y Calvo, el presidente supervisó la obra de una carretera que lo conectará con Badiraguat­o, la cuna de los grandes capos del narcotráfi­co mexicano.

La Sierra Tarahumara tiene un valor estratégic­o. No sólo por ser trasiego de drogas y de armas, que se envían a otros campos de batalla, como en la actualidad a Zacatecas, sino por los laboratori­os de opiáceos. El gobierno también sabe que entre más altos se encuentren los laboratori­os, mayor su retorno, al disminuir considerab­lemente su costo por el impuesto criminal en las carreteras. Desde lo alto pueden tomar caminos que bordeen las zonas de pago, sabiendo que no serán molestados por nadie. La Guardia Nacional, responsabl­e de las carreteras nacionales, no vigila, no contiene, no inhibe. La mejor fotografía de su inutilidad se aprecia en algunas autopistas que conectan con la Ciudad de México donde hay patrullas pintadas sobre tablas, apostadas a la orilla del camino.

El gobierno sabe que, en la región tarahumara, Zambada también cuenta con el apoyo de Los Cabrera, su brazo armado en Durango

-cuya sierra también es parte del Triángulo Durado- y Zacatecas. Los Cabrera, encabezado­s por José Luis Cabrera, han estado vinculados al Cártel de Sinaloa, primero con El Chapo Guzmán y ahora con Zambada, desde 1996, cuando empezaron a proveerles de heroína y mariguana desde Durango. El gobierno conoce de las ramificaci­ones que tienen Los Cabrera con políticos en Durango, pero, pese a no ser de Morena, también extiende impunidad.

Es cierto que el fenómeno de la violencia es heredado. También es cierto que, a diferencia de todos los gobiernos anteriores que la sufrieron -los de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto-, López Obrador prefirió cerrar los brazos salvo para dar abrazos. López Obrador ha dicho que, aunque se burlen de él, se mantendrá invariable en esa estrategia.

Las burlas son lo de menos. Los juicios político e histórico serán implacable­s con el presidente cuando se analicen sus frases y acciones contra resultados. Ahí, en el Triángulo Dorado, dijo recienteme­nte que es una región estigmatiz­ada, porque en realidad hay mucha bondad. El recuerdo de Campos, Mora y Palma lo perseguirá a él y a su dogmatismo absolutist­a. No hay duda de esto.

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