VICENTE ESQUEDA MÉNDEZ
Su trayectoria en su mayoría ha estado ligada a la política partidista. De los cargos en el PAN y su paso en el staff de su grupo parlamentario, supo librarse el camino para de ahí saltar como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa durante siete años.
Quizá por eso como ombudsperson está predispuesto al cálculo exacerbado. Vicente Esqueda Méndez llegó a una Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato que, se denunciaba entonces, requería de una refundación. Ahora en su primer informe, su sentencia es absoluta: el ciudadano no conoce a la procuraduría. Pero al juzgar sus cifras, esa afirmación se queda muy corta y superficial.
Esqueda Méndez enfrentó ayer una áspera comparecencia ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, de la que se prendieron justificaciones ante el incremento del cien por ciento de las denuncias, según dijo, como efecto de la pandemia en pleno 2022.
Se terminaría el año con más de 1 mil 400 quejas de una ciudadanía que sigue buscando justicia y respaldo frente a los excesos y abusos de los gobiernos locales. Una circunstancia que contrasta con la baja actuación de oficio durante el año que se informa.
Si el cálculo político prevalece en las actuaciones de motu proprio del ombudsperson, en lugar del apego a derecho, ¿qué se puede esperar en los dictámenes de recomendación dirigidos a entidades como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado?
Otro tema es su capacidad de gestión. De una figura eminentemente política como Esqueda, se esperaría que recomendaciones generales y preventivas como la expedición de un reglamento para garantizar el derecho a la manifestación, fuera aceptado con su justo activismo; sólo un municipio lo ha aceptado, procesado y aprobado.
En un año gris, los resultados se quedan cortos ante una ciudadanía desesperada por apoyo para hacer valer sus derechos. El cálculo político ya no puede estar por encima del estado de derecho.