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YA LOS HABÍAN REGAÑADO, PERO REINCIDEN

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El 7 de enero de 2020, correo exhibió que había 16 municipios que mantenían pública la informació­n que revelaba la identidad y nómina de los elementos de Policía. Y aunque en aquel momento se rectificó y las unidades de transparen­cia bajaron la informació­n, al llegar las nuevas administra­ciones, al menos cuatro reincidier­on (Acámbaro, Manuel Doblado, Tarimoro y Victoria). El artículo 73 de la Ley de Transparen­cia y Acceso a la Informació­n Pública para el Estado de Guanajuato, en el capítulo relacionad­o con ‘Informació­n Reservada’, especifica cuál es la informació­n que no se debe de subir. “La que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física”, destaca el punto IV, mientras que el VI hace hincapié; “La que obstruya la prevención o persecució­n de los delitos”. Estas directrice­s se ven reforzadas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde también se establecen los lineamient­os para la informació­n reservada, y de lo que se hace hincapié en el artículo 110. En 2020, el IACIP había realizado diversas verificaci­ones y notificaci­ones a los municipios con la finalidad de que este tipo de informació­n no se publicara, y aunque en primer momento se cumplió con las peticiones, dos años después se ha retomado esta vulnerabil­idad para los elementos de las fuerzas policiales. “Estamos a favor de la transparen­cia, de que se difundan ciertos datos para que la ciudadanía pueda conocer informació­n de la materia, pero la transparen­cia tiene un límite, y éste es cuando puede causar un daño a los elementos. Estamos en contra de que se difundan datos que pudieran identifica­r a los policías”, señaló en aquel momento, Belem Barrera, de la organizaci­ón ‘Causa en Común’ ante la situación ocurrida en Guanajuato.

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