FGE: PIFIAS MÁS QUE INOPORTUNAS
LA LIBERACIÓN DE LAS DOS PERSONAS QUE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (FGE), HABÍA DETENIDO COMO SUPUESTOS IMPLICADOS EN LA DESAPARICIÓN DE LA BUSCADOR LORENZA CANO FLORES, ASÍ COMO DEL ASESINATO DE SU ESPOSO EHIJO,TERMINÓPORREPETIR EL PATRÓN DE PIFIAS EN LAS QUE TRAGEDIAS MEDIATIZADAS BUSCARON SER ATENDIDAS EN FAST TRACK. NO HAY NI CERTEZA PARA LLAMARLES “PRESUNTOS PLAGIARIOS UHOMICIDAS”.
Desde la reconstrucción de los hechos que fue expuesta por el fiscal regional Israel Aguado Silva -sobre que los pepetradores supuestamente buscaban a una persona lo que derivó en el doble asesinato y posterior desaparición de la buscadora-, el accionar de la fiscalía se colmó de dudas, tan es así, que no tuvieron pruebas suficientes para judicializar el caso. Además, Lorenza sigue desaparecida.
En efecto, se trata de una exhibición más de negligencia sobre un caso ampliamente mediatizado -el caso llegó hasta a la portada del New York Times-, pero esta vez se da en un contexto diferente. Las circunstancias de inseguridad que padecen las buscadoras de desaparecidos en Guanajuato ha trascendido también institucionalmente.
Además de las acciones urgentes que la ONU ha emitido al Estado mexicano por cada uno de los ataques contra las buscadoras, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene en puerta contestar la solicitud de audiencia expresa que le solicitaron organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La petición sobre la protección a buscadora entraría como parte del periodo ordinario de sesiones de la CIDH. En caso de dar luz verde, la invitación no sólo sería para los peticionarios, sino también para el Estado mexicano. En ese escenario, el papel de la FGE a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre quedaría expuesto, al ser la impunidad el común denominador en estos casos.
El tema entraría sin necesidad de muchos preámbulos. La CIDH ha dado cuenta del historial de agresiones y ataques homicidas contra las buscadoras de Guanajuato; en 2022 dieron cuenta en su informe cuatrimestral del caso de Carmela Vázquez de Abasolo y en 2023 hicieron lo propio con el caso de Teresa Magueyal de Celaya.
Mientras todo esto sucede, la realidad se sigue imponiendo. Justo ayer, Amnistía Internacional México y El Bosque de la Esperanza exigieron acciones urgentes para la protección de las integrantes del colectivo ‘Hasta Encontrarte’, luego de que una de sus integrantes fuera amenazada por presuntos grupos delincuenciales.
Si el panorama para la FGE es álgido, para las buscadoras es aún más apremiante al verse completamente desprotegidas por el Estado.