RAZONES VIVAS CONTRA LA MILITARIZACIÓN
El que una niña de 14 años haya sido victima de violación sexual por parte de un elemento del Ejército Mexicano en una colonia popular de León, no debe ser un suceso que se tome a la ligera. Es sin duda la prueba ineludible de los riesgos de la militarización que, bajo comisión de asumir funciones de seguridad pública, desgasta su relación con los civiles de la peor manera.
El caso es real y reciente. El 28 de febrero un elemento de la Sedena fue detenido por haber violado a la infante en la colonia Brisas del Campestre. Ella acudió a la tienda cerca de las 21:30 horas y, al pasar por un campamento donde pernoctan los elementos castrenses, el militar le ofreció una bebida alcohólica, al negarse la tomó del brazo y la introdujo a la fuerza en el campamento.
El suceso provocó una intensa movilización de vecinos que señalaron al detenido, quien al ser detenido por policías de León, fue identificado como Oliver N de 30 años, originario de Acapulco, Guerrero.
El Ejército tiene una percepción de confianza superior al 80 por ciento de acuerdo a cifras del INEGI. Un dato que debe ser leído en su justa dimensión, pues se trata de un promedio general en el que también se incluyen estados donde la imagen de los militares ha decaído notablemente a partir del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico.
Si bien la percepción de los militares en Guanajuato es cercana a ese porcentaje nacional, lo cierto es que la presencia del Ejército se ha hecho más permanente y cotidiana. Es por ello que un suceso como el documentado anteriormente, debe exigir una aplicación a fondo de parte de Francisco Javier Zubia González, quien apenas el 17 de abril tomó posesión como nuevo jefe de la XVI Zona Militar.
Con el suceso anterior, Guanajuato suma al menos 51 quejas contra elementos del Ejército ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, malas noticias, únicamente reconoce 10 expedientes por presunta violación de derechos humanos por parte de militares, de 2019 a la fecha.