EL BOLÍGRAFO
Larga y tortuosa para la ciudadanía ha sido el actual proceso político. Estamos a un poco más de 20 días para la jornada electoral del primero de julio; es un buen momento para compartir ideas en torno al futuro que nos deparan los resultados electorales. Un elemento que está tomando fuerza entre los expertos en materia política es que, independientemente del resultado y de quien sea el próximo presidente de la República, los beneficios económicos, políticos y sociales, serán bastante escasos.
La primera razón es que se ha gastado una enorme cantidad de recursos públicos para promocionar las candidaturas, los partidos finalmente no renunciaron al financiamiento del estado y manejan dichos recursos como mejor les parece.
En segundo término, se puede hablar de un déficit en la participación de la ciudadanía. Siendo muy optimistas concurrirán a las urnas un 65 o 70% de los ciudadanos registrados por el Instituto Nacional Electoral (INE); de ahí, quien resulte electo, nuevamente siendo muy optimistas, obtendrá alrededor del 45% de la votación efectiva, esto nos indica que el nuevo presidente de México quedará electo por más o menos, 29% de los electores, es decir, tres de cada diez mexicanos con derecho a voto.
Tendremos un presidente con una legitimidad muy cuestionable, situación que pone en evidencia, una vez más, la necesidad de la segunda vuelta electoral, la cual sigue siendo tarea pendiente para los próximos legisladores. La pregunta es si hay interés en legislar al respecto, parece que no.
En tercer término, están las secuelas de una campaña caracterizada por la denostación del contrario, ¿qué va a ocurrir con todo lo que se dijeron en las campañas?, ¿qué ocurrirá con todas las acusaciones que se lanzaron unos a otros, y dónde más de una merecería la investigación y, en dado caso, la cárcel? La sociedad espera acciones contundentes.
Me parece que dentro de todo esto hay acusaciones que constituyen la probable comisión de hechos delictivos y que no deberían simplemente olvidarse. ¿Realmente Anaya lavó recursos para su campaña?, ¿se ha dedicado a traficar influencias para beneficio personal y de sus cercanos? ¿Es cierto que Meade permitió desde la Secretaría de Hacienda que se cometiera la estafa maestra? ¿Qué grado de responsabilidad se le puede atribuir en tantos casos de corrupción del actual gobierno, del que ha sido pieza importante?
¿Se logrará aclarar el destino de los tres mil millones de pesos que se dice fueron asignados al partido que dirige unipersonalmente?, ¿se sabrá el nivel de participación de AMLO en las corruptelas de funcionarios cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal? ¿Nos quedaremos conformes con que haya perdonado López Obrador a Marcelo Ebrard, a Gómez Urrutia y a otros más tan solo por haberlo apoyado?, ¿de ser cierto, le permitirá a Ricardo Monreal seguir haciendo negocios con los amigos de su hija?
Para la legitimación del siguiente gobierno así como para comenzar a disminuir el enojo social, más valdría que todo esto no quede en simple anécdota; esperemos que no se recurra a la famosa operación cicatriz para perdonar a todos y que ningún responsable de actos delictivos siga gozando de los beneficios del erario público.
En mi opinión, todo esto que sucede cada tres y seis años, durante las elecciones, de promesas incumplidas y acusaciones olvidadas, es el motivo principal del hartazgo y enojo social; valdría la pena que los candidatos tomaran nota y busquen soluciones para lograr la tan anhelada distensión de la sociedad.