ABC de la transición de la FGR
Por fin llegó el día y hemos sido testigos del inicio de una nueva etapa en la historia de nuestro país. Ante el aplauso de muchos y reclamos de otros se realizó la tan ansiada toma de posesión de nuestro Presidente de la República, quien terminó con la frase: No tengo derecho a fallar. Esperamos como mexicanos que eso no pase, como ha pasado el tiempo y vemos la nula cristalización de distintos temas en varios ámbitos, pero que redundan en la falta de seguridad que vivimos día con día.
Al respecto, un tema puntual para que nuestro sistema de justicia penal funcione es la concluir la pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, pues un tópico fundamental como este continúa en el tintero.
Aún no contamos con un Fiscal General, si la Cámara Baja aprueba cambios en el proyecto, éste regresará a la Cámara de Senadores para su aprobación, de no hacerlo pronto tendremos procuraduría para rato.
Es en este sentido, que con base en el proyecto que por el momento se encuentra pendiente hemos distinguido los siguientes aspectos a seguir por Fiscalía General, para operar conforme a su Ley Orgánica.
El Fiscal General, debe definir una Estrategia de Transición, a partir de su nombramiento, dentro del plazo de un año. Los aspectos generales de la evolución son: a) crear la Unidad de Transición; b) realizar un inventario integral; c) elaboración del diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales; d) determinación de los casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia; e) priorizar en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto; f) consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal; y g) restructuración y definición de los órganos administrativos y los sustantivos para la función fiscal.
La Unidad de Transición tendrá como objetivo la coordinación, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Transición y estará integrada por un grupo interdisciplinario de expertos con reconocido prestigio, experiencia y conocimiento en gestión de instituciones públicas o privadas, diseño institucional, evaluación e implementación de políticas públicas y proceso penal acusatorio.
Además, determinará la forma de atención y trámite a estos casos hasta su conclusión, al respecto, los casos pendientes de resolución relacionados con violaciones graves de derechos humanos o corrupción no podrán ser liquidados.
Esta misma Unidad contará con una sub-unidad de Clausura de la Procuraduría General de la República y una subunidad de Diseño e Instalación de la Fiscalía General de la República, las cuales, desde sus respectivas competencias, deberán generar esquemas de coordinación para el traslado y liquidación de recursos humanos, materiales y financieros, así como para la liquidación y transferencia de los casos pendientes de resolución.
También se menciona que el Plan de Transición debe contemplar el diagnóstico, ubicación geográfica y análisis de los fenómenos criminales que perseguirá; una estrategia respecto al personal en activo y al reclutamiento de nuevos talentos; así como de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
En el rubro de Persecución Penal, el
proyecto establece un plazo máximo de 90 días contados a partir de la entrada en
También se menciona que el Plan de Transición debe contemplar el diagnóstico, ubicación geográfica y análisis de los fenómenos criminales que perseguirá; una estrategia respecto al personal en activo y al reclutamiento de nuevos talentos; así como de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
vigor, para definir la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal, con distintos análisis de la incidencia delictiva, percepción de la violencia en la ciudadanía; entre otros aspectos.
Como podemos observar, más allá de un marco jurídico nos encontramos en una transformación integral como país, es la oportunidad que tenemos de consolidar un verdadero trinomio de seguridad y justicia, con policías, jueces y próximos fiscales que entablen un vínculo de comunicación, y de esta manera, fortalecer un sistema de justicia penal que pareciera haberse quedado huérfano desde hace algún tiempo, y que aprovechamos la oportunidad de ponerlo de nueva cuenta sobre la mesa como otro reto de este sexenio.
La Fiscalía General de la República, la dignificación policial, la reparación del daño, el fortalecimiento de las medidas cautelares, la construcción de políticas criminales, la prevención y el seguimiento de atención a víctimas del delito siguen siendo temas fundamentales en la edificación de un Estado de Derecho sólido y confiable, que permita la sana convivencia de todas y todos loe mexicanos en un ambiente de paz y justicia.