Víctor Sánchez
Aún sin precisar a detalle las funciones, atribuciones y facultades que tendrá el coordinador de delegados federales en el estado, el Senador de la República con licencia, Gilberto Herrera Ruiz, la especulación, sobre todo política es mucha.
La abierta desconfianza de unos y el rechazo de otros, casi del mismo bando, se centra básicamente en la idea del “súper delegado” o calificado como “virrey”, por considerar que esa nueva figura burocrática, creada por el nuevo gobierno federal no respetara la jerarquía y autonomía del gobierno del estado.
Sin lugar a duda la designación de un coordinador de delegados federales, frente a la incógnita de sus atribuciones, resulta un fuerte “dolor de cabeza”, sobre todo para la histórica forma del manejo de los programas y recursos en cada Entidad federativa.
A nivel estatal, esta designación ha generado inconformidad y rechazo del mandatario estatal y de su partido el Partido Acción Nacional (PAN), con o sin razón en defensa de sus atribuciones como jefe del Poder Ejecutivo local.
Inicialmente el argumento del encargo se basa en la primicia de buscar trasparentar, cuidar y optimizar el manejo de los recursos federales, que como se sabe representan, en general más del 90 % de las participaciones federales a los estados.
Tradicionalmente, o sea históricamente los partidos políticos que condujeron el mando federal, al menos en los últimos 30 años del PRI y del PAN utilizaron y/o canalizaron a su conveniencia y libre albedrío, los recursos de la Federación a cada Entidad, condicionando su utilidad, casi siempre en beneficio de los gobiernos estatales y municipios de su color, o incluso con fines político-electorales.
Al designar el gobierno federal que preside, Andrés Manuel López Obrador a los Coordinadores de delegados federales, como en este caso al ex rector, Herrera Ruiz para el estado de Querétaro se inquietan los que advierten que el cargo les “amarrara las manos” para el manejo libre y arbitrario de los recursos públicos federales.
Desde luego, también hay argumentos de los inconformes que resaltan el posible quebranto del llamado del “Pacto Federal” aduciendo que, por ejemplo el gobernador del estado, por ley debe conducir y dirigir el proyecto político de la administración estatal, desde luego con los recursos que le envía la federación.
Ante esta polémica y confrontación, propia de la nueva visión de la administración pública, resulta sano esperar que se “calmen los ánimos” y se busque un proyecto de respeto mutuo, entre el gobierno federal y los estados a fin de armonizar en beneficio de la gente en general.