Padecen efectos de plaguicidas
A casi tres décadas, pobladores de Córdoba presentan enfermedades como cáncer
A27 años de la explosión de la fábrica Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), habitantes del municipio de Córdoba continúan padeciendo afectaciones graves a su salud debido a la liberación de dioxinas, toda vez que esta empresa se dedicaba a formular, envasar y almacenar productos plaguicidas como insecticidas, preservadores de madera y herbicidas.
Rosalinda Huerta Rivadeneyra, presidenta de la Asociación de Asistencia a los Afectados por Anaversa, AC, dio a conocer que esta organización lleva contabilizados al menos mil 500 casos de cáncer en tejidos blandos, entre los que se incluyen testículos, mama, cuello, riñón y cerebro, además de enfermedades como diabetes, problemas renales y del corazón, todos producto del incidente ocurrido el 3 de mayo de 1991.
“Son daños a la salud que van desde vómitos, mareos, sangrados hasta cáncer en tejidos blandos y problemas como diabetes, daños en el sistema inmunológico, pero además al ser un accidente único en su tipo por el coctel de sustancias derramadas nos han advertido los toxicólogos que habrá más enfermedades extrañas y que pueden seguir apareciendo hasta cuatro generaciones después”, precisó.
La inconforme denunció que a casi tres décadas de la explosión que habría derramado, incendiado y explotado al menos 38 mil litros de sustancias altamente tóxicas, como ácido 2.4D, pentaclorofenol, paraquat, paratión metílico y malation, la zona sigue representando un peligro para al menos 18 colonias densamente pobladas del municipio de Córdoba, debido a la producción de dioxinas y furanos, sustancias químicas tóxicas persistentes y bioacumulables que se encuentran en el aire, el agua y el suelo. “El predio de Anaversa, a pesar de aparecer en el listado de sitios contaminados de la Semarnat, está en venta, destechado y sin medidas que eviten la dispersión de contaminantes, exponiendo aún más a la población aledaña a la grave contaminación”, señaló.
Huerta Rivadeneyra, quien presentó un oficio al Congreso del Estado y a la oficina del gobernador para que se retome el caso, explicó que en la zona se han incumplido las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que exigió que se intervenga el predio para la remediación ambiental, además de que se establezca un protocolo de atención en donde se incluya un hospital de cancerología con área de epidemiología.
“La población está abandonada a su suerte sin ningún plan de protección ni vigilancia epidemiológica. De acuerdo con la agencia de protección ambiental, las dioxinas son las sustancias más tóxicas y persistentes que se conocen, con un promedio de vida de hasta 80 o 100 años, por lo que se han confirmado graves daños a la salud de la población de la zona aledaña al predio que ocupara la fábrica. El inevitable daño al ADN hace que las afectaciones sean transmitidas a cuatro o más nuevas generaciones”, añadió.