Videocámaras
En las campañas electorales pasadas (hace casi dos años y poco menos de uno) escuchamos de los distintos candidatos que atenderían el problema de la inseguridad instalando, entre otras acciones, cámaras de vigilancia.
Hoy en día, es sorprendente el conflicto entre el Gobierno del Estado y el del municipio derivado de la instalación de los postes y de las videocámaras de vigilancia en la ciudad de Xalapa. El resultado práctico de la falta de entendimiento entre estos dos órdenes de gobierno es la lentitud con la que se instalan o el retiro de esos dispositivos en el peor de los casos.
Un ejemplo es el gran poste que hace casi dos meses hincaron en la esquina de la avenida 20 de Noviembre esquina con la calle Poeta Jesús Díaz y que fue retirado la quincena pasada en medio de los dimes y diretes (a través de las redes sociales) entre el titular del Ejecutivo estatal y el alcalde. Ese debate videotransmitido me recuerda la expresión: “Los periódicos sólo sirven para que los políticos se digan lo que no se atreven a decirse en directo”, sólo que ahora lo hacen por YouTube o WhatsApp.
Pareciera que no hay mucho interés en conseguir resultados expeditos sino en confrontar. Si de verdad se buscara el bien común, el diálogo sería la mejor vía para satisfacer todos los requisitos técnicos, financieros y normativos. La coordinación interinstitucional es la manera más práctica de resolver cualquier problema. Para lo anterior,
se debe dejar a un lado cualquier indicio de soberbia para darle el paso a la mesura y a la prudencia.
Una manera de resolver los diferendos, sería estableciendo una mesa de trabajo (espero que ya se haya hecho) entre los representantes de las instancias que intervienen por ejemplo: Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Tránsito del Estado, Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Protección Civil, Telmex, CFE, la empresa encargada de instalar los postes, etcétera.
En esta mesa técnica, se conocería el proyecto ejecutivo, los procedimientos constructivos, las diferentes normas que regulan las actividades en cuestión, los diferentes permisos que se tienen que obtener, las afectaciones a los espacios y vialidades públicas, el programa de obra, los tiempos de ejecución y un largo etcétera de situaciones particulares.
“Hablando se entienden las personas”, mucho más obligados están los funcionarios públicos a conseguir acuerdos en favor del bien común. Mientras no lo hagan estos conflictos brindan un espectáculo deleznable que contribuye al hartazgo social, encarecen las obras públicas y no se logra el bien perseguido fundamental: brindar mayor seguridad a los ciudadanos.