Tiene razón AMLO (II)
Debe reconocerse que en la sociedad impera la percepción de que la Procuraduría General de la República actúa en función de las instrucciones del Presidente y las percepciones se convierten en realidades políticas.
Pero si se analiza con cuidado tendría que concluirse que la futura Fiscalía Autónoma no dejará de ser un órgano sobre el cual se puede influir para ser empleado con fines políticos. Entonces, el diseño de la génesis de la citada institución no es una garantía plena contra su posible empleo insidioso o desviado. En tal virtud, resulta necesario cuestionarse si en el caso de que la propuesta de nombramiento del Fiscal deje de provenir del Ejecutivo y la efectúen organizaciones de la sociedad civil, ello impediría de modo absoluto el eventual uso del Ministerio Público como instrumento al servicio de finalidades similares a las que se atribuyen al Ejecutivo por parte de otros actores de la escena pública. La agenda de los grupos que activamente participan en política desde la sociedad civil puede ser —de hecho lo es con frecuencia— diferente
a la del Ejecutivo, y la Fiscalía Autónoma en lugar de servir a un propósito de protección de la sociedad en general y de persecución de delincuentes puede convertirse en un arma permanentemente apuntada al corazón del Presidente para tenerlo como rehén. Esta situación conduciría a que la privación de la facultad de propuesta, que hasta ahora conserva el primer mandatario, lo despoje de uno de los poderes fundamentales que derivan de su elección popular, para ser transferido a organizaciones que carecen de dicho respaldo.
La cuestión toral es: ¿para qué debe servir la Fiscalía, para perseguir delincuentes o para perseguir presidentes? El servicio que debe brindar el Ministerio Público encabezado por el Fiscal debe ir esencialmente dirigido a una persecución eficaz de la delincuencia, particularmente de la organizada, problema que requiere ser atendido con prontitud y eficacia. Dicha atención depende de fortalecer la capacidad de investigación a partir de mejorar la cantidad y sobre todo la calidad de quienes a ella se dedican, lo cual no se resolverá únicamente con el método de designación.
El planteamiento que hace girar todas las virtudes de la institución y la supresión de la impunidad en torno a la pureza del nombramiento del “Fiscal No Carnal” es equivalente a la del propio López Obrador cuando sostiene que si es impecablemente honesto el jefe de las instituciones, lo serán por ósmosis todos sus funcionarios. Ambos supuestos son ilusorios; los promotores de la “Fiscalía que Sirva” parten de la ilusión ingenua de que por el solo hecho de que no intervenga el Presidente en la designación de su titular, se curarán todos los males de la deficiente persecución de los delitos en el país.
Precisamente la aceptación de que en el terreno fáctico la Fiscalía tiene un gran peso político, conduce a la inferencia de que aun proviniendo de una designación en la que no intervenga el Presidente este podría conseguir, si su propósito es malévolo, someter al fiscal a su poder y de todas maneras emplearlo a su favor. Si se parte de la presunción errónea de que un Presidente ejerce indefectiblemente un poder corrupto y corruptor, no existe garantía alguna de que no intentará emplearlo para someter al fiscal por muy autónomo que se le denomine. Para ello bastaría hacer uso de maniobras maquiavélicas sobre las fuerzas políticas en el Senado, ofrecer canonjías, amenazar a legisladores o estimularlos económicamente; siempre en el supuesto de que el Ejecutivo sea un violador de la ley y otros políticos estén dispuestos a secundarlo, hipótesis que yo rechazo categóricamente, pero que quienes suponen la inclinación delictiva de todo Presidente para ponerle un Fiscal enfrente que lo persiga, tendrían que admitir como un escenario factible.
El Ejecutivo popularmente electo debe tener la facultad de proponer al Fiscal. Si vamos a votar por alguien para la Presidencia es porque le tenemos confianza, de no ser así, no le conferiríamos nuestra representación. Voy a votar por Meade y al resultar Presidente estoy seguro de que propondría a una persona idónea para la Fiscalía por lo cual no me gustaría que eventuales adversarios políticos se dedicaran a promover la designación de un Fiscal que tenga por objeto principal la persecución del Presidente. La Fiscalía se ha convertido en un botín político que no solamente puede estar a disposición del Ejecutivo, sino de otros intereses que pretendan influir sobre él. Pensar que requiere un contrapeso en cuya designación intervengan organizaciones que realizan un activismo político, legítimo pero no derivado de la representación popular, cuya propuesta de todas maneras quedará sujeta a los vaivenes de la política en el órgano legislativo, constituye un riesgo que puede llevar no a un equilibrio sino a un enfrentamiento de poderes que desestabilice a la institución presidencial.