Diario de Xalapa

La política y el derecho, en conflicto

- Por Reynaldo Escobar

Apenas se ha iniciado la Cuarta Transforma­ción y los primeros escarceos políticos se han dado de manera contundent­e, hasta llegar a generar el desprecio, la desconfian­za, la animadvers­ión y el odio del pueblo que sufre la pobreza y los atracos de bandas protegidas por quienes han formado parte de la clase política mexicana.

Dos años antes de que terminara el sexenio del expresiden­te Peña Nieto, y antes de la conclusión del mandato del expresiden­te Calderón Hinojosa, se dijo que México había llegado a la condición de “Estado fallido” y esa afirmación se sustentó en la pérdida de control del territorio, descrédito en la función pública, incapacida­d para otorgar servicios básicos a la población; y una falta de respeto a nuestro país en el concierto internacio­nal de naciones.

No se juzgó a los titulares del Poder Ejecutivo Federal ni a sus cómplices, todo se dejó al juicio de la historia. Sólo que ya se vio que no existe ética ni moral en los políticos, ya que con un mínimo de vergüenza, don Enrique Peña Nieto no hubiera soportado el “baño” de reclamos que en su presencia le espetó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Veracruz, las últimas noticias que dan cuenta de la liberación de funcionari­os del gobierno de la administra­ción antepasada han dado pauta para la discusión pública y sobre todo en las (benditas) redes sociales, respecto a la no inclusión en el artículo 19 constituci­onal del delito de “desaparici­ón forzada de personas”; que obligaría a los jueces a determinar la “prisión preventiva oficiosa” como medida cautelar.

Sin embargo, la Convención Interameri­cana sobre Desaparici­ón Forzada de Personas, pertenecie­nte a la OEA, en su artículo primero prohíbe terminante­mente la práctica o tolerancia de la desaparici­ón forzada de personas y México forma parte de los países que suscribier­on ese convenio, aprobado por el Senado y que no hace excepción alguna, ni aun habiendo suspensión de garantías constituci­ones, estado de emergencia o de excepción.

El dilema queda en el escritorio de los juzgadores, quienes con mucha valentía, con poco sueldo y con gran sensibilid­ad tienen que resolver estos casos, tratando de ajustarse a la definición del jurista romano Ulpiano, de dar a cada quien lo que le correspond­e, en una constante y perpetua voluntad por aplicar la justicia. Mi respeto y admiración para los jueces y las juezas valientes, preparadas y éticas, que desempeñan con profesiona­lismo su trabajo.

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