El dilema de los laudos laborales municipales
En México y otros países del mundo los sistemas de salud y de pensiones locales y nacionales se enfrentan a una gran escasez de recursos presupuestales, porque a medida que las poblaciones envejecen, la esperanza de vida de sus derechohabientes se amplía.
Eso provoca que su costo se incremente de una manera paulatina, creciendo onerosamente a veces en forma exponencial, que vuelven muy difícil su viabilidad financiera. Toda esta problemática se complica porque en general más del 70% de cada peso del gasto público se destina al pago de salarios, pensiones y subsidios, quedando un remanente absurdo para otros rubros, como la creación de empleos e inversión productiva.
El pasivo laboral del IMSS a septiembre de 2013 alcanzaba mil 200 millones de pesos, mientras que el pasivo del ISSSTE se situaba en 4 mil 800 millones de pesos; por otra parte, los pasivos de Pemex ascendían a mil 100 millones de pesos, mientras que los de la CFE eran de 452 millones de pesos. Pemex y CFE apenas si contaban entre las dos con 250 mil trabajadores, mientras que el IMSS y el ISSSTE han ofrecido servicio a decenas de millones de trabajadores.
La solución se resolvió onerosamente para el erario público, al asumir los pasivos el gobierno federal para estas dos empresas, convirtiéndolos en deuda pública. Por otro lado, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 2019, el IMSS empleará casi el 60% de sus recursos para cubrir pensiones y jubilaciones, mientras que en el ISSSTE esta proporción representará el 70%, con el agravante de que muchas de estas pensiones son mayores a las contribuciones que realizaron los trabajadores a lo largo de su vida laboral. Para el caso de los municipios y gobiernos estatales, ni siquiera se han actualizado actuarialmente los pasivos contingentes de los trabajadores estatales y municipales, la propuesta más populista es que los pasivos se vuelvan deuda pública y que el gobierno federal los asuma, incluyendo los laudos laborales. La problemática es diferente para cada entidad federativa, pero el caso de Veracruz es emblemático, ya que es considerado desde 2017 dentro de una clasificación por entidad federativa por la consultora aRegional, en último lugar en suficiencia financiera para cumplir sus compromisos.
El estado de Veracruz-Llave y sus municipios enfrentan un futuro ominoso, que requiere con urgencia una solución, con una valuación actuarial certificada por municipio, a realizarse periódicamente cada tres años como máximo y para solventar los pasivos contingentes, incluyendo los laudos laborales. Por lo pronto, no se cumple ni con la Ley General de Contabilidad Gubernamental ni con la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, entre otras. El desacato ya ha sido sancionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otras entidades, con la destitución de los ediles municipales.