El poder público y el derecho a la información

Ninguna confrontación es buena, menos cuando se genera entre quien desde la más alta investidura, que es inherente al cargo de Presidente de la República, se siente agraviado por los periodistas, reporteros o cualquier medio de comunicación.

Hoy el riesgo que se corre con las conferencias mañaneras de todos los días es inminente porque no faltan las interpretaciones, contradicciones o comentarios, de quienes aprovechan la apertura del nuevo gobierno para hacer uso del derecho a la libre manifestación de las ideas.

El pluralismo informativo es un derecho constitucional que se reconoce a los mexicanos, para acceder a la información oportuna y plural, que le permite a cualquier persona y en especial a los reporteros, periodistas y comunicadores, difundir información e ideas por cualquier medio, con las limitantes que constituyen las siguientes excepciones: “ataques a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provocar algún delito, o perturbar el orden público”. Por otra parte, se reconoce a quien se sienta agraviado por el ejercicio del derecho a la información “el derecho de réplica”, que obliga a la publicación o divulgación de la inconformidad de cualquier persona, en igualdad de espacio, tiempo y lugar, en que se difundió la información impugnada.

La prudencia en ambas partes debe prevalecer, porque a nadie beneficia un endurecimiento en la relación gobierno-prensa y medios de comunicación e información; pues los mayormente perjudicados serían los ciudadanos en general, por la violación a su derecho a la información y por el incumplimiento del gobierno a garantizar ese derecho fundamental. Ahora que si se trata de difundir información oficial destinada al conocimiento en general de la población, el gobierno debe pagar sus “órdenes de inserción” de acuerdo con las tarifas y precios convenidos en cada caso; y por el bien de todos, sepultar los calificativos denostativos de “prensa fifí”, “prensa conservadora” y etcétera, que en nada contribuyen a mantener el equilibrio entre el poder público y el derecho a la información. Basta ya de la pretensión del “uso faccioso” de la prensa con cargo al erario público para sembrar cortinas de humo y eludir responsabilidades; como también basta de utilizar a los medios, para encumbrar o aplastar a personajes de la vida pública que en una democracia no merecen ni una ni otra cosa.