Reynaldo Escobar
Desde que el Cisen (Centro de inteligencia del gobierno) desvió su función para convertirse en una oficina de información, al servicio de la clase gobernante dedicada a espiar a los enemigos del régimen, dejó de ser útil para la prevención de riesgos y sus días estaban contados en la nómina oficial.
Su fundación bajo los mejores augurios se remonta al 13 de febrero de 1989, cuando gobernaba el país don Carlos Salinas de Gortari y con la colaboración del exsecretario de Gobernación y exgobernador de Veracruz, capitán Fernando Gutiérrez Barrios.
El Cisen debía ocuparse mediante un sistema de inteligencia civil de alertar sobre los riesgos que pudieran atentar en contra de la seguridad nacional, pero la burocratización del Cisen permitió la entrada a la nómina de fósiles estudiantiles y expolicías sin preparación, cuya especialidad era vender sus servicios para desacreditar a enemigos políticos y extor sionar a los aspirantes a cargos públicos exhibiendo sus debili dades.
El presidente López Obrador utilizó en campaña el descrédi to del Cisen, advirtiendo que entre los archivos reservados por ese organismo sabía de la existencia de información re servada sobre él y su familia y que una de sus primeras acciones al ganar la presidencia sería leer su propio expediente, desaparecer al organismo en mención y dejar abiertos todos esos archivos que únicamente sirvieron para el chantaje político.
La dependencia que en este gobierno de la 4a. Transformación se encarga de la inteligencia civil para generar estrategias y tácticas operativas, que permiten garantizar la integridad y estabilidad nacional, es el Centro Nacional de Inteligencia “CNI”, fundado hace un año, el día de la toma de posesión de AMLO, y sus fallas han sido notables, pues pudiendo evitar errores al nuevo gobierno ha fallado garrafalmente.
El general Audomaro Martínez Zapata es el director del CNI, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia de nueva creación que ha permitido la vulnerabilidad de las instituciones nacionales, como aconteció con la burda detención y posterior liberación de Ovidio, el hijo del “Chapo” Guzmán. Lo mismo ha ocurrido con las muertes evitables de los mandos policiacos en Quintana Roo, Jalisco y Guanajuato. Urgente resulta corregir el rumbo y eficientar el trabajo en las áreas de seguridad pública, antes de que se convierta la criminalidad en el talón de Aquiles de este sexenio.