Héctor Yunes
Desde el inicio de la actual administración federal, la inexperiencia, mala planeación y una austeridad irresponsable provocaron que el país sufriera el desabasto de medicamentos y vacunas, lo que resultó en la muerte de miles de pacientes y ha puesto en riesgo la salud de millones de personas consideradas como población vulnerable, particularmente a niños con cáncer y portadores del VIH.
El desabasto de medicinas ha sido atribuido a varias razones: el retraso de permisos de importación de materias primas, la demora en la realización de compras consolidadas del sector salud y hasta el veto del gobierno federal a algunas farmacéuticas. A ello se sumó la falta de servicios de calidad en los centros hospitalarios como consecuencia de la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual ya confirmó su fracaso.
Con estos antecedentes, no podíamos correr el riesgo de una burocracia administrativa y con restricciones legales para la adquisición inmediata y suficiente de la vacuna contra el Covid19, una vez que los proyectos que se están desarrollando concluyan su etapa de pruebas y lleguen al mercado internacional.
El mundo entero se prepara para un mercado sumamente competido, donde algunos países ya se han asegurado compras millonarias como es el caso de Estados Unidos —100 millones de dosis— y Brasil, donde han hecho reservas de al menos 70 millones más. Al mismo tiempo, nuestro país debe garantizar de forma definitiva el abasto de medicamentos oncológicos y retrovirales.
Por esta razón, el miércoles
pasado los diputados federales del PRI votamos a favor de una reforma a la Ley de Adquisiciones que permite realizar compras directas de medicamentos en el extranjero, sin que ello implique la exclusión de las empresas farmacéuticas nacionales. No se trata de otorgar un cheque en blanco al gobierno, ni de hacer de la excepción una regla, sino de garantizar un abasto suficiente.
A esta disposición le pusimos varios candados, entre ellos:
1. El gobierno no puede salir a comprar al extranjero cualquier cosa, sólo medicamentos, insumos y vacunas;
2. Esas compras deberán ser a través de Organismos Intergubernamentales Internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS);
3. El gobierno deberá asegurar el mejor precio, y al mismo tiempo, las mejores condiciones disponibles de calidad, financiamiento y oportunidad;
4. Estas operaciones deberán estar garantizadas por la máxima publicidad y,
5. El gobierno estará obligado a la absoluta transparencia y rendición de cuentas.
Gracias a esta disposición, el gobierno de México pudo firmar el viernes pasado el primer convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS) y la Organización Mundial de la Salud para la adquisición de 3 mil 643 claves de medicamentos por alrededor de 6 mil 800 millones de dólares. De esta forma, cumplimos con la responsabilidad de adecuar el marco jurídico para que millones de mexicanos no se queden indefensos ante epidemias y enfermedades.
El gobierno no tendrá excusas para incumplir el abasto oportuno y suficiente de vacunas y medicinas. No podrá haber más padres de familia en las calles pidiendo por medicinas para sus hijos o pacientes deambulando durante semanas en hospitales a la espera de que les sean abastecidos sus medicamentos.
Al mismo tiempo, esta administración debe asumir su responsabilidad ante el pésimo manejo que le ha dado a la pandemia del Covid19, provocando más de 48 mil muertes (ya somos el tercer país con más decesos en el mundo) y sin lograr controlar los contagios, que entre viernes y sábado registraron dos récords consecutivos para un día —con 18 mil 014 casos— y que ya suman más de 434 mil personas desde el inicio de la emergencia sanitaria.
Reconocemos que esta situación es excepcional, pero que no se confundan, el gobierno no puede convertir la discrecionalidad en las licitaciones en una regla, ni tampoco violentar acuerdos comerciales que México ha suscrito.
Lo que aprobamos en el más reciente periodo extraordinario contempla que el gobierno deberá garantizar un piso parejo para los proveedores internacionales y las empresas nacionales. Los laboratorios de la industria farmacéutica nacional seguirán siendo competidores de pleno derecho en un mercado que habrá de garantizar al Estado las mejores condiciones posibles ya referidas.
La reforma aprobada por el Congreso, la firma del convenio entre el gobierno federal y los organismos internacionales, y la previsión para la compra de la vacuna contra el Covid19 una vez que llegue al mercado, confirmaron que el desabasto de medicinas en México no fue por falta de presupuesto, sino por la negligencia criminal de una burocracia sin conocimiento del sistema de salud pública.
Hoy lo más importante es la vida y la salud de millones de mexicanas y mexicanos que están en riesgo a causa de la pandemia.