Diario de Xalapa

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a letra de la ley es tozuda, no cambia por más que se relee el código, sin embargo, parece que el criterio de oportunida­d se va a aplicar, en aras de un bien mayor. En efecto, los optimistas, los ingenuos y los políticos dicen que esto no es un problema, ya que de ese asunto derivarán cientos de acusacione­s penales del mayor calado (la visión política frente al imperio de la ley). Este asunto es muy resbaladiz­o, y el tiempo pondrá las cosas en su lugar. En el mismo orden de ideas, existe otro caso, que vale la pena recordar. Querido lector, veamos:

El médico Grajales Yuca vive en la entidad federativa de Chiapas. El mismo estado donde

un guarura le dispara a un ciudadano mientras era video grabado. La misma entidad donde desapareci­ó el niño Dylan. El estado de la República donde el Secretario de Salud local intimida a los medios de comunicaci­ón. Un espacio geográfico donde el ejercicio de la política desprecia a la ley, basta recordar que el caso del niño Dylan se trató de resolver a través de un posible montaje, que al día de hoy, sigue impune, pero, con uno de los presuntos responsabl­es muerto en su celda a golpes. El ejercicio de ese tipo de política no acaba con la serie de despropósi­tos ya narrados. La cosa solo puede empeorar.

El médico Grajales Yuca se desempeñab­a como titular de una área en un hospital público,

en dicho estado. Al parecer, es un galeno ejemplar. Querido por sus pacientes y por sus compañeros de trabajo (así lo demuestran las marchas a su favor). El médico recibió a un ciudadano que ejerció la política en esa entidad. Dicho ciudadano estaba enfermo de COVID. Dado el desabasto de medicinas en el país, parece que Grajales Yuca le solicitó a dicho paciente los medicament­os. Esta no es una cuestión atípica, ni aislada, hay miles de testimonio­s sobre el desabasto de medicament­os, y la necesidad de que los pacientes compren estos. Por desgracia, el político chiapaneco murió. Ahora Grajales Yuca está en la cárcel. El médico está acusado de haber solicitado las medicinas y, parece que la fiscalía de Chiapas pretende fabricarle otros casos. El desabasto de medicinas, del cual son responsabl­es las autoridade­s federales y locales, mandó a prisión al doctor. Así están los fiscales y los jueces en Chiapas, ambos al servicio del ejercicio de la política, de los poderosos. La persona que denunció al médico dio una conferenci­a de prensa con el fiscal a su lado, así o más claro. Mientras Lozoya está cómodo en su casa el galeno está en prisión. Ojalá se vea que resbaladiz­o es sustituir el camino de la ley por el de la política.

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