Van contra los contratos colectivos de protección
Alfredo Domínguez Marrufo señaló que se busca acabar con abusos de sindicatos que extorsionan a trabajadores
CDMX. Eliminar todos los contratos colectivos de protección que hoy son tres de cada cuatro los 500 mil que tiene registrada la autoridad laboral para rescatar la figura de al sindicalismo, objetivo de Alfredo Domínguez Marrufo, recientemente nombrado director general del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Domínguez Marrufo explicó que este nuevo centro tiene la misión de devolverle el poder a los trabajadores para acabar con los abusos de sindicatos que solo extorsionaban a los empleadores, tal como lo plantea la reforma laboral del año pasado y el T-MEC. “(Hay) supuestos líderes de sindicatos que emplazan una huelga por la firma de un contrato colectivo sin tener ninguna representatividad; hoy tendrán que demostrar que cuentan al menos con 30 por ciento de respaldo de la fuerza laboral”.
Con la reforma laboral, los sindicatos tendrá que presentar ante el nuevo Centro sus estatus que contengan un método democrático para la elección de sus dirigentes. Aunque el periodo para hacerlo ya comenzó, aún falta 80 por ciento de las organizaciones sindicales por cumplir con este requisito, en especial las locales.
Los trabajadores deben conocer que pueden ejercer este derecho que creen perdido desde hace mucho, pues cuando han tratado de involucrarse en lo sindical y contratación colectiva, “han sido reprimidos, padecido represalias y objeto de discriminación”; pero cando vean que está garantizado desde todas las autoridades su participación y que es para mejorar sus condiciones de trabajo, será diferente.
SIN CACERÍA DE BRUJAS
Domínguez Marrufo, exsubsecretario del Trabajo, fue designado la semana pasada por el Senado de la República como el nuevo titular del Centro, y en su encargo prometió no comenzar una cacería de brujas. “Nosotros no vamos a actuar por consigna, la propia ley establece los principios. No es un cambio solo de normas e instituciones, es cambio cultural, (el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral) no va a poner ni a quitar líderes, eso le corresponde a los trabajadores, por eso se garantiza que puedan votar en plena libertad, en un lugar seguro, padrón confiable, sin injerencia de empleadores ni otros grupos ajenos”.
El titular del Centro comentó que los sindicatos deben ajustarse a la nueva regla: el respeto al voto personal, libre y secreto en elección de directivas y los contratos.
El CFCRL es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
El Centro estará instalado donde fue la Unidad de Funcionarios Conciliadores al sur de la Ciudad de México y en otras ocho entidades federativas, donde habrá tareas de registro y conciliación laboral: Tabasco, Zacatecas,
San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Campeche, Estado de México y Durango, como primera etapa.
Domínguez comentó que el nuevo Centro es la joya de la corona de la reforma laboral. “Estamos acostumbrados a este tipo de retos, desde la sociedad civil y desde los movimientos sociales estuvimos picando piedra y ahora desde una institución pública con el respaldo de senadores para interlocución y concertación con el Poder Judicial, con organismos empresariales, sindicales y con entidades federativas. Es un compromiso internacional con el T-MEC la creación de este órgano y México se comprometió con los gobiernos de EU y Canadá para todos los recursos y fondos que sean necesarios para llevar a adelante este nuevo Centro”, recordó el funcionario.
CHANTAJE Y PROTECCIÓN
La autoridad laboral federal tiene activos a poco más de dos mil sindicatos renovando su dirigencia, mientras que a nivel local son 26 mil sindicatos registrados en Junta Locale de Conciliación y Arbitraje.
En cuanto a contratos colectivos de trabajo (CCT), el número aproximado es de 500 mil, lo que no quiere decir que estén vigentes, porque se calcula que una tercera parte ya habría cumplido su vigencia. El resto, tendrá que ser ratificado por la mayoría de los integrantes de los sindicatos. “De esos CCT la nueva ley establece que los existentes tendrán que ser aprobados por la mayoría de los trabajadores afiliados por voto personal, secreto y directo”.
Domínguez Marrufo explicó que las tres cuartas partes de estos CCT son firmados a espaldas de los trabajadores, quienes ni siquiera conocen su existencia. “(Son) los denominados contratos de protección, por lo que estamos hablando de un promedio de 170 y 150 mil realmente vivos, por eso es vamos a legitimar solo una parte de ellos y aquellos que no se ajusten a las nuevas reglas, los trabajadores no van a aprobar a sus dirigentes y será difícil que mantengan su registro en cuanto a toma de nota”.