UV: la crisis que viene
Todavía faltan alrededor de diez meses para que inicie formalmente el proceso de sucesión de la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV)...
Pero entre la comunidad universitaria ya comienzan a barajarse algunos nombres de posibles candidatos para relevar a la doctora Sara Ladrón de Guevara, quien a finales de agosto de 2021 concluirá su segundo periodo consecutivo. Entre los funcionarios y académicos que se mencionan,
llama la atención el caso del maestro Salvador F. Tapia Spinoso, secretario de Administración y Finanzas, ya que por primera vez se pondera a un académico con perfil de operador financiero entre los prospectos viables para la Rectoría de la UV.
Su inclusión parece motivarla la crisis financiera que desde ahora proyecta la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 21 universidades públicas, entre ellas la UV, para 2024. El martes pasado, en una reunión de más de dos horas en las instalaciones de la SEP, en la Ciudad de México –en la que no hubo ningún acuerdo concreto–, entre el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, y representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que preside Enrique Levet Gorozpe, dirigente de la Fesapauv, se expuso que actualmente 11 universidades públicas estatales enfrentan una grave crisis financiera, cuyo número podría duplicarse en los próximos tres años ante la insuficiencia presupuestaria prevista para 2021.
Las 11 universidades en crisis que se mencionaron ahí son las de Veracruz, Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Estado de
México, Tabasco, Michoacán, Guerrero, Baja California y Nayarit, que sólo tiene recursos para pagar su nómina de la segunda quincena de octubre.
Durante la reunión en la SEP, tanto el subsecretario Concheiro Bórquez como la directora general de Educación Superior, Carmen Rodríguez Armenta, insistieron en que corresponde a los gobiernos locales aportar los recursos faltantes a las universidades estatales, según revelaron algunos de los líderes presentes en el encuentro, quienes también señalaron responsabilidad federal.
Ante esta situación, la Contu, que agrupa a 94 sindicatos universitarios y 280 mil trabajadores académicos y docentes de todo el país, analiza convocar a un paro nacional debido a la negativa del gobierno federal de otorgar recursos extraordinarios a las universidades públicas en crisis financiera, lo que les impedirá a las casas de estudios superiores cubrir la nómina de su personal en los próximos dos meses.
El próximo jueves 15 tienen programada una asamblea general de manera virtual para fijar una estrategia y las acciones más convenientes para resolver este problema, el cual advierten que tomará tintes de conflicto laboral ante el incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones de las próximas cinco quincenas.
También pretenden reunirse con diputados federales, ya que destacan que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 no contempla ningún recurso extraordinario para 11 instituciones que enfrentan crisis financiera y sólo asigna en conjunto un aumento de 3.07 por ciento para las 35 universidades públicas estatales, cuando la inflación estimada es de al menos 3.4%.