Defiendo a quién defiende
La situación en Sonora es deplorable, demuestra el poco interés y relevancia en la agenda pública de la situación que viven periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas. De los rubros evaluados en el informe, Sonora reprueba en todos, ocupando la posición 32/32 con una calificación global de 2,04 puntos.
La primera categoría Marco legal de la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos, muestra a Sonora en la posición 32/32 y con una calificación de 1,00 puntos. Dentro de la segunda categoría, Pluralidad en los medios se tiene la posición 30/32 y una puntuación de 3,13. La última categoría Seguridad de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas otorga el lugar 27/32, correspondiendo la puntuación de 2,00. Este último no es de extrañarse considerando que, en lo que va del sexenio, tres periodistas han sido víctimas de homicidio en el estado.
El pasado mes de julio, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) publicó la nueva edición de su Informe de Libertad de Expresión 2020, en el cual se evalúa la situación de las 32 entidades federativas, así como herramientas activas o no relacionadas a la libertad de expresión y sus protagonistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Además de las clasificaciones, el informe emite puntuales recomendaciones para las entidades: Campeche, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas aún tienen disposiciones penales que criminalizan la libertad de expresión; Chihuahua, Sonora, Chiapas, Morelos, Guerrero, Campeche y Tabasco
deben incorporar en sus constituciones estatales la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 con mayor precisión.
En Sonora hay una Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero no una ley que proteja a defensores de derechos humanos y periodistas. Hay propuestas y pequeños esfuerzos, pero quizá no lo suficientemente relevantes para la agenda, porque no es una prioridad para las personas tomadoras de decisiones.
Se legisla con poca o nula perspectiva interseccional, dejando al margen a organizaciones, personas defensoras y periodistas. Como dijo alguna vez la doctora Claudia Paz y Paz (exfiscal de la República de Guatemala), hay que poner a las víctimas en el centro.
Como organizaciones de la sociedad civil, tenemos la experiencia para confirmar las deficiencias en cuanto a libertad de expresión y sus mecanismos. Cuando los datos y las palabras incomodan, automáticamente se recurre a la censura y persecución, en vez de optar por elevar el debate, ampliar y enriquecer las narrativas con los hallazgos desde nuestro trabajo. Las instancias locales y estatales dejaron mucho que desear, por lo que acudimos a instancias nacionales u OSC de carácter nacional encargadas a la defensa de derechos humanos.
Gracias al trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos las personas pueden estar informadas, las injusticias que se viven a diario pueden denunciarse y se puede exigir justicia cuando sus derechos son violentados. No obstante, la reciente aprobación de la eliminación de 109 fondos y fideicomisos públicos vulnera de forma inconcebible a estos dos grupos junto a personas afectadas por desastres naturales y víctimas de desapariciones forzadas.