El doble rasero
El viernes 23 de octubre de 2020, un memorandum de la dirección general de administración de la Secretaría de la Defensa Nacional instaba a los comandantes de unidad, de zonas y guarniciones militares del país, a que giraran instrucciones para que el personal bajo su mando evitaran hacer cualquier declaración o comentario sobre la detención en territorio estadounidense del general de división retirado, Salvador Cienfuegos Zepeda.
La orden de no hablar sobre el arresto del exsecretario de la Defensa Nacional, que en este espacio se adelantó días despues de la detención, llegó como un primer control de daños tras el severo golpe que significó para la imagen del Ejército y la moral de oficiales y tropas que un funcionario de ese nivel fuera detenido por la DEA.
Hace mucho tiempo no se vivía un ambiente de molestia, decepción e incertidumbre por cómo se están llevando las cosas al interior de la milicia, dijo una fuente militar de alto nivel.
Por un lado el significado de la captura del general Cienfuegos, que exhibió la falta de controles institucionales para la rendición de cuentas de los altos funcionarios de la Sedena. Lo cual abre la puerta a una modalidad de intervencionismo extranjero que exhibió los fallos sistémicos en la procuración de justicia y en los sistemas de inteligencia que perduran pese a los cambios de régimen.
Y por el otro, el peso extremo con que son juzgados militares de menor nivel como oficiales y tropa, quienes son "sentenciados" en juicios medáticos sin que se respete su presunción de inocencia.
Un ejemplo se vio el pasado martes 27 de octubre con un tuit generado en la cuenta de la Guardia Nacional sobre la detención de seis militares acusados del homicidio de una persona en septiembre pasado durante las protestas por la toma de la presa La Boquilla, en Chihuahua.
"Reiteramos que en la Guardia Nacional no se tolerarán abusos o uso excesivo de la fuerza por parte de su personal, normando su actuación en el irrestricto respeto a los derehos humanos", decía.
La dependencia se mostró segura que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) era fiable y daba a entender que no habría impunidad. Lo que la Guardia Nacional no reparó es que sus seis elementos, un oficial y cinco de tropa, dos de ellos mujeres, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado, lo que es sancionado con penas que pueden ir de 30 a 60 años de prisión.
Sugerir que se trató de un homicidio calificado en donde existen elementos de premeditación, alevosía y ventaja, sería reconocer quienes sirven en la Guardia Nacional, como el caso de estos seis elementos del 32 batallón de infantería, salen a cumplir sus misiones con la convicción de asesinar a todo aquel que se ponga en su camino. Cosa que no ocurrió en este caso.
Un tratamiento judicial "desproporcionado" en contra de militares que no pidieron ser policias y que de la noche a la mañana fueron uniformados como Guardia Nacional para enfrentar situaciones para las que no están adiestrados, como el control de turbas, fue visto como algo "injusto y falto de lealtad" por parte de la cúpula militar que hoy vive sus horas más bajas por el caso Cienfuegos.