Omisiones en el PJ
Algo muy delicado está pasando en el Poder Judicial que, por evidentes omisiones, han perdido la vida varios jueces en los últimos meses.
No víctimas de represalias, como pudiera pensarse debido a las decisiones que toman, sino por el descuido al que se encuentran expuestos debido a las escasas medidas de sanidad en las instalaciones de esa institución. Al menos durante este año van tres jueces fallecidos a causa del Covid-19, por lo cual existe justificado temor y malestar de funcionarios y trabajadores ante la indiferencia con la que actúa la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del PJE de Veracruz, por la ausencia de medidas preventivas en todas las dependencias y oficinas de este organismo. El pasado seis de enero se reportó la muerte del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Crisóforo del Angel Aquino, por contagio de este virus, y aunque lo atendieron de urgencia en el Hospital de la Beneficencia Española, no pudo salvarse. Desde mucho antes, sus compañeros habían exigido mejores condiciones sanitarias para todo el personal, cosa que no ocurrió. Por esa razón, también el 11 de febrero pasado se reportó otra muerte, la de Armando Virgen Alcalá, titular de la Sala B del Distrito Judicial de Veracruz, donde era Juez de Control; y apenas el viernes de esta semana, el juez cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Daniel Dámaso Vázquez Bautista, se sumó a es lista trágica que se han contagiado y muerto por la mortal enfermedad. ¿Qué ha pasado? Hay un completo desorden en el ingreso de personas a los Juzgados y Oficinas de esa institución. Abogados y personal informan que sólo cuando ingresan a los edificios judiciales les toman temperatura, pero no cuando entran a las oficinas o a los estacionamientos. No existe el uso de tapetes de desinfección y, si acaso, la única prevención es con botecitos de gel en las puertas de entrada. Las personas entran con la mayor facilidad y se amontonan en los juzgados y oficinas de archivo, entre otras, donde pueden usar o no cubrebocas, por falta de ese control.