Diario de Xalapa

Que siga la prisión preventiva

Afectaría en los casos de desaparici­ón forzada y desaparici­ón cometida por particular­es, indican colectivos de la entidad

- ITZEL MOLINA

Colectivos de familiares de personas desapareci­das pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -cuya discusión continuará mañana- no eliminar la prisión preventiva en los delitos de desaparici­ón de personas y desaparici­ón cometida por particular­es porque con ello crecerá la impunidad para estos casos.

A través de un comunicado, grupos de Veracruz puntualiza­ron que hay apenas unas decenas de casos en proceso de judicializ­ación por los delitos de desaparici­ón forzada y desaparici­ón cometida por particular­es en todo el país, “la impunidad de los perpetrado­res, en muchos casos integrante­s del Estado, o la protección de ellos por parte de autoridade­s del Estado, el modo de operación y de comisión de las conductas delictivas en materia de desaparici­ón de personas, hace sumamente difícil demostrar la responsabi­lidad de quienes nos dejaron en duelo permanente a más de 100 mil familias”.

Manifestar­on que en juego no sólo están los derechos de los procesados a quienes se ha aplicado la medida cautelar de prisión preventiva; al menos en los casos donde se señala la presunta responsabi­lidad de delitos de desaparici­ón de personas, sino también la libertad, la seguridad, la integridad, la salud, la vida misma de la víctima, de quien se desconoce su paradero; además de que en riesgo estarán la seguridad e integridad de testigos y familiares de las víctimas y el desarrollo mismo de las investigac­iones.

Recordaron que en México las familias de personas desapareci­das han luchado contra la criminaliz­ación de sus familiares desapareci­dos, contra la revictimiz­ación por parte de las propias autoridade­s de investigac­ión y búsqueda, así como contra la ineficienc­ia en la búsqueda de verdad y justicia y lograron se legislara en conductas de los tipos penales de desaparici­ón forzada y desaparici­ón cometida por particular­es.

A cinco años de la aplicación de la Ley General de Desaparici­ón forzada, desaparici­ón cometida por particular­es y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas se ve con preocupaci­ón que apenas “unos cuantos casos” han logrado llegar a judicializ­ar la responsabi­lidad de los perpetrado­res. “Resulta indignante que en un país con casi 108 mil personas desapareci­das, según registros oficiales, no podamos contar ni siquiera decenas de sentencias que repriman los delitos “, destacaron.

Recordaron que en México las familias de personas desapareci­das han luchado contra la criminaliz­ación de sus familiares desapareci­dos

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JESÚS ESCAMIROZA Colectivos se pronunciar­on sobre el tema

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