El grave peligro que corre la democracia
Lo visto
en las calles de Quito y Guayaquil, no es la primera vez que se manifiesta en los países latinoamericanos que, como el nuestro, enfrentan escenarios en donde el desafío lanzado por las organizaciones criminales es lo más cercano a un conflicto armado.
Evidentes técnicas de guerrilla urbana y rural, utilización de los medios digitales (las mal llamadas “redes sociales”), medidas de difusión (lonas impresas), entre otros procedimientos, nos remite a una negativa escalada en cuanto a la capacidad de organización delictiva. Las escenas, reportajes, análisis y posicionamientos dados a conocer en los medios digitales y convencionales de comunicación, a propósito de los hechos en ese importante país sudamericano, no dejan lugar a dudas.
El mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo expresó en su alocución matutina del pasado miércoles 10, señalando como, por diversas razones, los pobladores de Petatlán, en el estado de Guerrero daban evidentes muestras de apoyo y cobertura a una organización criminal, impidiendo con ello la acción oportuna de las instituciones de seguridad federales. Pero aún más, la intensa difusión, desde hace algunos años, de imágenes en donde se observan decenas de vehículos transportando delincuentes que circulan por municipios y rancherías, haciendo gala con la exhibición de su potentes armas, abona a ese clima de temor de la sociedad afectada.
Desde otra realidad, el caso de Colombia, relacionado por cierto, vía la complicidad de organizaciones criminales de ese país con las de Ecuador, tiene una larga y dramática historia de violencia relacionada sobre todo con el tráfico de drogas.
Ahora en Argentina, el nuevo presidente Javier Milei, el pasado lunes 8, dio a conocer un paquete de medida jurídicas y decretos, para que las fuerzas de seguridad civiles, tengan acceso y puedan disponer de información infraestructura y otros recursos para hacerle frente a la delincuencia y al terrorismo. Incluso, la legal y manifiesta posibilidad de decretar la participación de las Fuerzas Armadas —por primera vez en la historia de ese país— en labores de contención y confrontación a las organizaciones criminales.
Desde luego que el denominador común es evidente: el crecimiento exponencial de las actividades de las organizaciones criminales, ha llegado a tal punto, que las Fuerzas Armadas, así como medidas jurídicas excepcionales, deben ser aplicadas.
El joven presidente de Ecuador, Daniel Noboa, incluso fue mucho más lejos al decretar el Estado de excepción, así como calificar de “narcoterroristas” a los criminales. Con ello, las Fuerzas Armadas del país, tienen y cuentan con toda la cobertura legal para actuar en defensa de la sociedad, las instituciones y la democracia. La gran paradoja es que los enemigos de la democracia ni son de pertenencia ideológica ni atienden a intereses políticos. Son, ni más ni menos que delincuentes.