Fiscalía Especializada, pura poesía
El 21 de
febrero de 2020, del dictamen que dio origen a la Fiscalía Especializada para atender la violencia hacia las mujeres, marcó un hito histórico en el Congreso del Estado de Veracruz. Este paso significativo posicionó a Veracruz como pionero en la creación de una institución dedicada a abordar delitos de violencia de género y feminicidio.
La génesis de esta iniciativa trascendental se gestó en la urgente necesidad de combatir la violencia contra las mujeres, buscando garantizar una investigación y sanción ejemplar de los responsables. El respaldo unánime de la legislatura anterior reflejó una clara intención de priorizar la justicia y defender los derechos humanos de las mujeres y sus familias. En diciembre de 2021, al asumir mi papel como legisladora, propuse una iniciativa destinada a la creación la Ley Orgánica de la Fiscalía. Esta propuesta adquiere una importancia significativa, ya que abogaba por la creación de una única Fiscalía estatal con plena autonomía, capacidad de atención, acción y toma de decisiones, específicamente dedicada a la investigación y persecución de delitos motivados por cuestiones de género. Me complace destacar la positiva adhesión de todas las fuerzas políticas a esta noble causa.
No obstante, este logro se ve empañado por la falta de asignación presupuestaria para la operación de la Fiscalía Especializada. A pesar del respaldo legislativo y las modificaciones normativas, la voluntad política y la asignación de recursos continúan siendo una barrera para la efectiva puesta en marcha de esta institución crucial.
La pregunta persiste: ¿Es la ley un simple acto de marketing político por la falta resultados o estamos frente a un incumplimiento de la ley debido a la falta de presupuesto asignado? Mi opinión es que la respuesta podría estar en ambas vertientes. La aprobación de la ley marcó un hito político, destacando el compromiso aparente con la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, la falta de asignación presupuestaria despierta dudas legítimas sobre la sinceridad de ese compromiso.
Es crucial reconocer que la falta de presupuesto no debería ser una excusa aceptable. La violencia de género no espera y la sociedad demanda acciones concretas.
Debemos ser pragmáticos y encontrar soluciones realistas. No obstante, es esencial recordar que la sociedad no puede permitirse quedar rezagada frente a estándares internacionales. La lucha contra la violencia de género debe ser una prioridad, y cualquier ajuste presupuestario debería realizarse sin comprometer la eficacia y la existencia de la Fiscalía Especializada para atender la violencia hacia las mujeres.
La reflexión sobre la efectividad de las acciones legislativas debe buscar un verdadero compromiso de cambio en la erradicación de la violencia de género es esencial en un momento en el que la sociedad demanda un compromiso genuino por parte del gobierno.
Una medida clave para evaluar este compromiso es la asignación presupuestaria. Las intenciones y declaraciones políticas son importantes, pero son las asignaciones de recursos financieros las que permiten traducir esas intenciones en acciones concretas.
Los buenos gobiernos son aquellos que demuestran un compromiso constante con la igualdad y la seguridad de género mediante acciones efectivas. La asignación de recursos no solo debe ser simbólica, sino que debe ser suficiente para respaldar programas de prevención, apoyo a víctimas, educación y sensibilización en la sociedad.
Además, la transparencia en el uso de esos fondos es crucial. La rendición de cuentas permite a la sociedad evaluar si las acciones del gobierno están alineadas con sus compromisos declarados. Un monitoreo constante del impacto de las inversiones y la disposición a ajustar las estrategias según sea necesario son indicativos de un enfoque serio y adaptativo.
Es importante recordar que la erradicación de la violencia de género no es un objetivo a corto plazo, sino un proceso continuo que requiere una atención constante. En resumen, la asignación presupuestaria y la acción son elementos cruciales para evaluar el compromiso del gobierno en la erradicación de la violencia de género.