No baja la inseguridad
Afirman que no actúa la policía en Chilapa, Guerrero
MÉXICO (EFE).— En los últimos cinco días han muerto cinco civiles en distintos ataques en el municipio de Chilapa, Guerrero, lo que revela la inacción de las autoridades en este poblado acechado por el narcotráfico, denunció ayer el activista José Díaz.
“Son dos grupos que se disputan la plaza y de estos grupos no han capturado a nadie, las estructuras siguen intactas. ‘Los Rojos’ y ‘Los Ardillos’ siguen con su línea de operación completa y la Policía Federal, a cargo de la seguridad, también está intacta”, señaló en entrevista con Radio Fórmula.
El vocero de la organización Siempre Vivos destacó que desde que entraron las fuerzas de seguridad federales este año a velar por la seguridad de los habitantes del pueblo no ha habido enfrentamientos ni capturas.
“Los que sufrimos las consecuencias somos los del medio, los que nos atravesamos en el camino (del narcotráfico), porque entre ellos (con la Policía) no se agreden”, sentenció.
El sábado y domingo se registraron dos ataques en el centro de esta ciudad disputada por las bandas rivales “Los Ardillos” y “Los Rojos”, por ser un punto estratégico para el cultivo y comercio de la amapola.
Estos sucesos dejaron cuatro muertos y dos heridos que se sumaron al asesinato a balazos, el martes pasado, del activista Bernardo Carreto, cuyos tres hijos están desaparecidos y era familiar del ex titular de Seguridad de Chilapa Silvestre Carreto, desaparecido en 2014.
En noviembre, la violencia del narcotráfico sobre esta familia se agravó todavía más cuando seis personas, cinco de ellas familiares del ex responsable de seguridad municipal, murieron en un ataque armado.
Eran dos menores de edad, su madre y dos hombres más, que fueron ejecutados a bordo de un taxi entre la comunidad de Ahuihuiyuco y Tetitlán de Lima.
José Díaz explicó ayer que Bernardo Carreto había alertado de su situación ante la Fiscalía General en varias ocasiones.
“Nos decían que iban a investigar, pero luego que no tenían facultades para hacerlo, que era (responsabilidad) de la Fiscalía de Guerrero”, señaló.
El vocero de Siempre Vivos advirtió de errores administrativos, como que el expediente de Carreto jamás salió de dependencias estatales, y de lentitud burocrática ante situaciones de crisis humanitaria, como la que se padece en Chilapa.
El polvorín estalló en esta población en mayo, cuando 300 civiles armados, que se identificaron como policías comunitarios, irrumpieron en el lugar, tomaron edificios públicos e instalaron retenes en los accesos para pedir mayor seguridad.
Por su parte, en entrevista ayer, el fiscal general de Guerrero, Xavier Olea, reconoció la situación de inseguridad en este municipio, “lo que desgraciadamente afecta a los civiles”.
“Tenemos un problema para responder con inmediatez ante la violencia en los municipios”, aseveró.