Debe terminar en Yucatán
El señor Félix Antonio Rubio Rubio fue secuestrado y torturado por policías el lunes 21, para que se echara la culpa de un crimen, el de la joven Marta Eugenia Martínez Ávila. ¿De qué cuerpo eran? A ciencia cierta no se sabe, porque durante las sesiones los torturadores hicieron todo lo posible por camuflarse. Sin embargo, por las características del suceso quedó claro que eran ministeriales porque son éstos los que dependen de la Fiscalía General del gobierno del Estado, quienes tienen a su cargo, según las leyes, investigar los delitos del fuero común en la entidad.
El anterior es un caso más de los muchos que se conocen en el país, incluido nuestro estado, que demuestra que las constantes denuncias de que en todo el territorio nacional se practica la tortura por los cuerpos policiacos no son inventos sino la expresión de una cruda realidad. Después de haberlo secuestrado y llevado a una “casa de seguridad”, la víctima fue sometida a una serie de prácticas infamantes extraídas del viejo arcón de los torturadores del régimen priista que se hicieron famosos en el siglo anterior.
“Me golpearon en el rostro y la cabeza, después me desnudaron y tiraron al piso, me echaron agua y me dieron toques eléctricos en las piernas. Luego, me colocaron cables en los dedos pulgar y meñique del pie izquierdo, y me dieron descargas eléctricas que fueron subiendo de intensidad, ya que me pasaron los cables en la región anal y en los testículos. Sentí terror... Sentí terror y pánico porque ya no aguantaba más... temí por mi vida”, así describió la víctima los vejámenes a que fue sujeta, llevados a cabo por abominables seres tan responsables de lo que hacen como quienes integran la cadena de mando a que obedecen, hasta llegar a la cúpula (D. de Y., 23-XII-15).
Es paradójico que el mismo día que se anunciara, con bombo y platillos, la entrega a la Fiscalía de aparatos con tecnología de punta para que ese grupo policial realice sus investigaciones, sea acusado de una práctica tan bárbara que niega los más elementales principios del ————— (*) Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa respeto a la condición humana. Esto demuestra que la sociedad enfrenta actos de simulación de quienes gobiernan que les sirven para disfrazar realidades obscenas, incapaces de acabar con ellas.
Los actos policiacos arbitrarios —y la culminación de todos ellos que es la tortura—, tienen en nuestro país carta de ciudadanía, avalada por gobiernos cómplices que la prohíjan, quizás porque quienes las ejecutan sirvan, en tiempos electorales, para menesteres relacionados con la represión a los adversarios del partido en el poder. Esto hace imprescindibles los servicios de quienes están capacitados para el uso de la picana eléctrica, el chile piquín con agua de Tehuacán y las bolsas de plástico para la producción de sensaciones de asfixia, pero no para la ciencia en la investigación de los hechos criminales.
Entre julio de 2011 y junio de 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) recibió 112 quejas ciudadanas relacionadas con casos de tortura perpetrados por autoridades locales; sin embargo, ninguna de estas denuncias derivó en una investigación formal y, menos aún, en la sanción (administrativa o penal) de los servidores públicos responsables de dichos ataques, todos los cuales, de hecho, forman parte de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad (“Animal Político”. 27-III-214).
En marzo de 2014, el grupo Indignación presentó un informe sobre la tortura en Yucatán que relata cómo “Esta ilegal práctica no sólo es recurrente y sistemática, sino es extendida en el Estado”. En el texto, especial mención se hace contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de su titular Luis Felipe Saidén Ojeda, con más de seis años al frente de la corporación. Un grupo de jóvenes acusados de robar un bulto de cemento, que fueron levantados por elementos de la SSP en febrero pasado, relataron su caso. “Nos llevaron al monte. A mí me desnudaron y un policía gritó: ‘Úntale la mayonesa y simuló una violación, untando su cuerpo contra el mío. Me apretaron los pezones con pinzas”, expuso una víctima (“Indignación”, 24-III-14).
En marzo de este año por terminar, Juan Méndez, relator de la ONU que estuvo en nuestro país y se reunió con decenas de denunciantes a los que ningún gobierno ha hecho caso escribió un informe que presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la organización, en su sesión de Ginebra, diciendo que México es el paraíso de la tortura. En respuesta, el gobierno de Peña Nieto la emprendió contra él con el argumento de que era falso lo que decía. Quiso matar al mensajero pretendiendo eliminar la verdad contenida en el mensaje. Acá, la Fiscalía local se ha mordido la cola diciendo que “abrió una investigación al respecto”. Hace que está sorprendida en el juego de la simulación.
El gobierno estatal debe dar una explicación diáfana de lo ocurrido, cesar y castigar penalmente a los responsables directos e indirectos del atropello y sanear sus cuerpos policíacos para garantizar que hechos como éste no se repitan. De todos modos, a mis lectores feliz año y un abrazo.— Mérida, Yucatán.