Duarte seguirá en prisión
Decide esperar la petición formal de extradición
GUATEMALA (AP y Notimex).— Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz acusado del desvío de millonaria suma para adquirir bienes, permanecerá en una prisión guatemalteca mientras avanza un proceso de extradición a México.
Custodiado por más de 20 policías y ataviado con un chaleco antibalas, Duarte acudió ayer a una audiencia ante el Tribunal Quinto de Instancia Penal, donde rechazó aceptar o rechazar la extradición a su país hasta que revise la solicitud formal de las autoridades mexicanas, que tienen 60 días para presentarla.
“No puedo allanarme toda vez (que) no conozca la solicitud formal del gobierno mexicano. Con esto no quiere decir que no me vaya a allanar. Primero debo conocer la solicitud”, dijo el ex mandatario ante el tribunal al referir que rechaza la extradición.
El juzgado determinó que mientras eso ocurre continuará en prisión en la capital guatemalteca, con lo que se le abrió proceso formal.
Duarte fue detenido el fin de semana en Panajachel, un municipio guatemalteco cercano a la frontera con México y recluido en una prisión civil de Matamoros dentro de un cuartel militar, a donde regresó ayer.
El ex gobernador, quien llegó al cargo representando al PRI, es visto como símbolo de la corrupción, aunque meses atrás negó cualquier irregularidad.
Durante la audiencia de ayer, la Fiscalía leyó detalles de las acusaciones de las autoridades mexicanas contra Duarte, a quien se señala de haber utilizado empresas fantasma y testaferros para adquirir propiedades y bienes de manera ilícita.
“Mientras usted fue gobernador organizó un complejo esquema para introducir recursos al sistema financiero mexicano fingiendo que era producto de venta de terrenos en Campeche”, le dijo el fiscal José Galdámez ante los tres jueces que integran el tribunal.
Dijo que Duarte compró al menos nueve terrenos por 20 millones de pesos a través de un testaferro con fondos supuestamente ilícitos.
Junto a tres abogados defensores, el ex mandatario escuchó los señalamientos sin pronunciarse.
Tras una larga audiencia y el rechazo del mexicano a ser extraditado, el juez recordó que la ley guatemalteca concede al gobierno mexicano 60 días hábiles para presentar la solicitud formal y las evidencias de sus nexos de corrupción para la extradición. De lo contrario, todo quedaría sin efecto y podría recobrar la libertad.
El defensor guatemalteco Oscar Yovani Patzán dijo en entrevista que habrá que esperar al pedido legal del gobierno para decidir el procedimiento conveniente.
El litigante rechazó especular sobre el curso del trámite e insistió en que se deberá esperar.