Una excusa sospechosa
En la edición del Diario del sábado 1 de abril (sección Local, página 3) se publicó lo que el senador Ernesto Ruffo Appel, miembro de la Comisión Anticorrupción del PAN, dio como razón por la cual este organismo no había entregado el 31 de marzo pasado, como ofreció, el informe de la investigación sobre las denuncias contra varios dirigentes de ese partido en Yucatán vinculados con los llamados “moches”.
Según Ruffo, primero se presentaría una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, a fin de prohibir esa práctica y eliminarla de una vez por todas, para luego dar a conocer la nota alusiva a la censura, con las recomendaciones respectivas al Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Como se recordará, un grupo de panistas firmó el pliego acusatorio que fue enviado también a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, sin que hasta la fecha se haya revelado el resultado de esa indagatoria de la referida Comisión; o sea, existe un incumplimiento, no obstante que en la entrevista el legislador Ruffo señaló que tienen elementos para emitir una recomendación específica al CEN del PAN y ésta podría llegar hasta la supresión de la militancia en Acción Nacional de algunas personas, pues hay indicativos de que el fenómeno sí sucedió.
A preguntas del Diario, el entrevistado manifestó que el caso de nuestra entidad federativa es como la rama del tronco del tremendo árbol de los “moches”, pues no priva exclusivamente en Yucatán, sino que es nacional, alcanzando a los 500 diputados, especificando igualmente que se está buscando la manera legal para que tales eventos no sigan extendiéndose por todo el país.
En la misma información periodística consta que al cuestionarlo acerca de qué respuesta se le dará a quienes presentaron ante la dirigencia nacional una queja por los “moches”, arguyó: “Que su denuncia detonó toda esta acción que estamos haciendo y que antes tenemos que resolver el tronco del problema. Ya tenemos listo todo lo relativo al caso Yucatán, las investigaciones, las averiguaciones, etcétera. Pero, insisto, no queremos actuar primero por las ramas sino por el tronco”.
Bajo una óptica racional, no hay objeción legal a que se formule una iniciativa al Congreso para erradicar esa arraigada costumbre ilícita, que se practica en aras de los favoritismos a cambio de recompensas económicas. ————— (*) Notario público
Pero en lo que creemos que don Ernesto carece de fundamentación jurisprudencial es en condicionar la vigencia de esa normatividad que se intenta proponer, para que se actué en el caso de los directivos yucatecos acusados, cuenta habida de que cuando los hechos sancionables fueron perpetrados —en caso de que así sea—, la ley a que alude el señalado parlamentario no estaba en vigor, como ahora tampoco lo está.
Todo esto deviene en que es una herejía jurídica que se tenga que esperar a que se promulgue una norma al respecto para proceder en relación con la conducta ante la Comisión Anticorrupción, toda vez que ese comportamiento ilegítimo es completamente ajeno a cualquier decreto posterior a los sucesos planteados, y cualesquiera que fueren los términos o penalidades que se implanten, son posteriores a los que regían en la época en que se realizaron los llamados “moches”.
De tal suerte que don Ernesto Ruffo Appel pretende quebrantar la disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, a menos que los integrantes de la cúpula del instituto blanquiazul, convertidos dolosamente en encubridores, se las ingenien para que la que se emita sea en beneficio de los imputados, en cuyo caso sí opera la retroactividad, como una excepción a la regla general constitucional, ocurrencia que impartiría benevolencia a los funcionarios delatados.
El cariz que se trasluce es la sospecha de que este penoso asunto se va a ir a lo más recóndito del baúl de los desterrados, pues por la explicación que ha dado el citado senador, no pensamos que deje satisfechos a bastantes miembros de la institución a que pertenece.
O tal vez, como en política no hay nada escrito, en el PAN, que se caracteriza por poseer una ética envuelta en ciencia ficción, puesto que se predica una engañosa higiene moralista que intencionalmente no acatan los representantes populares, que hacen lo contrario de lo que falazmente se pregona, se esté fraguando la idea de que si se actúa ahora y se reprueba a los responsables conforme a derecho, no conviene a la supuesta careta de honorabilidad con la que se desplazan.
Actuar ahora tendría repercusión negativa en su proceder, que proclaman maliciosamente como inmaculado —lo que ya nadie cree—, mermándoles votos en las elecciones del 1 de julio de 2018, en las que principalmente está de por medio la Presidencia de la República.
Mejor conciben seguir el manual acostumbrado que los guía, al apostarle al olvido y/o a la prescripción del delito, si lo hubiere, pues si nos ponemos a pensar, usted apreciado lector, y toda la ciudadanía, que ni siquiera se ha concretado la iniciativa anunciada, ni mucho menos se ha registrado en la Cámara de Origen, amén de todo proceso legislativo por venir hasta su aprobación, promulgación por el poder Ejecutivo y publicación, con los intervalos para las sesiones del Congreso de la Unión, entonces, si de verdad se hiciera así, esperaremos un largo tiempo para obtener resultados, cuando escasa población tiene memoria para acordarse de lo acontecido y de la ausencia de ejecución de lo prometido.— Mérida, Yucatán.