El caso de las desapariciones en México

“Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… Ni muerto ni vivo, está desaparecido” —General Jorge Rafael Videla, presidente de Argentina 1976-1981.

Quizá debí escribir sobre este doloroso tema el miércoles 12 pasado, en vísperas del martirio y crucifixión de Jesucristo, no en la gozosa semana de Pascua. Pero se trata precisamente de pasar por el valle de sombras, hasta el domingo de Resurrección, con el optimismo que brinda al espíritu el saber que Jesús venció a la muerte.

Sólo este aliento de esperanza permite acercarse al “Informe Especial de la Comisión ————— (*) Ex gobernadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México”, dado a conocer el pasado 6 de abril. En sus 630 cuartillas se desgaja el horror de la violencia que ha afectado la vida de miles, decenas de miles de familias en todo el país. No es el drama de una tierra geográficamente lejana, como Afganistán o Siria, sino aquí mismo, tan cerca como Veracruz, su puerto y sus carnavales festivos, o Tamaulipas, su frontera y su petróleo, al que nos conduce la carretera 180, la misma que pasa por Umán y Mérida, hasta concluir en Cancún.

Para mi generación, la del 68 y los movimientos armados, la desaparición de amigos y compañeros fue una lacerante realidad de la década de 1970. La guerra sorda contra la droga y los movimientos guerrilleros en Guerrero trajo su propia cuota de sangre y desaparecidos. Pero nada, ni siquiera la fase más violenta de la Revolución de 1917, nos preparó para lo que vendría al iniciar el siglo XXI, agudizada aún más en su segunda década.

Miles de mexicanos, mujeres y hombres, han desaparecido. Han sido arrancados de sus hogares, de sus familias. No se sabe si están vivos aún o si son parte de miles que permanecen enterrados en fosas clandestinas. La mayoría, de familias de condición humilde, que no tienen medios para l evantar la voz y exigir a las autoridades la búsqueda de su pariente.

Las instituciones responsables de la seguridad y de la defensa de los derechos humanos no se ponen de acuerdo ni siquiera en la macabra cuenta de los desaparecidos: si son 29,903, como señala el Registro del Sistema Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (SINPEF). O son 24,928 víctimas consignadas por las fiscalías y las procuradurías de los estados. O se acerca a 32,236 casos de desaparecidos en todo el país, de acuerdo con la cuenta del organismo nacional de defensa de los derechos humanos.

Como presuntos responsables de las desapariciones, el 27% es atribuido a servidores públicos o agentes del gobierno en sus distintos niveles y el 10% a la delincuencia organizada. Pero en el 63% de los casos, no se pudo precisar quiénes se los llevaron. Lo cierto es que en este Informe, la CNDH declara abiertamente la imposibilidad de proporcionar cifras claras y una estadística confiable sobre este lacerante problema.

Reconozcamos que la desaparición de personas es “uno de los efectos más graves y evidentes que la ausencia de condiciones mínimas de seguridad ha ocasionado en nuestra sociedad”. No es como en Argentina de la década de 1970, consecuencia de una dictadura militar y su brutal represión. En México, es la colusión de funcionarios y agentes del orden público con la delincuencia organizada, combinada con la corrupción y la impunidad. No hay autoridades que se hagan responsables y protejan a las víctimas y sus familiares. El débil Estado de Derecho impide, incluso, que las autoridades puedan llevar siquiera la cuenta de las denuncias.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desplegó sus mejores medios para la realización de este Informe especial. Requirió información detallada a los órganos de procuración de justicia de las 32 entidades, así como a la PGR. Por increíble que parezca, hubo funcionarios que negaron de plano la información solicitada, como los representantes de Ciudad de México y Jalisco, bajo la excusa de la protección de datos personales.

Otros entregaron datos incompletos o incongruentes con cifras anteriores. Fue más difícil obtener el número de fosas clandestinas y los cuerpos humanos recuperados de éstas entre 2007 y 2016. Una “fosa clandestina” es “aquella que se realiza de manera secreta u oculta por ir en contra de la ley, con el propósito de esconder lo que en ella se deposita, evitando, entre otras cosas, que las autoridades puedan investigar y sancionar las razones de la inhumación” (p. 450).

Las autoridades de ocho estados declararon la inexistencia de este tipo de entierros subrepticios en su territorio. Sin embargo, la CNDH realizó una compulsa entre la información oficial entregada por los órganos de procuración de justicia de los estados y las notas publicadas por los periódicos locales y nacionales al respecto. Se obtuvo que sólo dos entidades, Yucatán y Tlaxcala, efectivamente estuvieron exentas de este fenómeno delictivo.

En Yucatán no hay fosas clandestinas, pero sí personas desaparecidas, de acuerdo con la información de la CNDH. El tema es de la mayor relevancia, por lo que en mi próxima colaboración comentaré la situación específica de nuestro Estado. Ante el horror, podemos y debemos abrir los ojos y oídos. Y sobre todo, nuestra inteligencia y corazón.— Mérida, Yucatán.

En sus 630 cuartillas se desgaja el horror de la violencia que ha afectado la vida de miles, decenas de miles de familias...