La niña, “en situación de riesgo”
El gobierno del Estado informa del caso de Johana
En un comunicado, el gobierno del Estado informó ayer que con base en las atribuciones señaladas en el artículo 8o., fracciones II y III, de los Lineamientos sobre el Trámite de Adopción de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el 21 de noviembre se hizo la separación preventiva de la niña J. A. O. C. de una pareja que solicitó su adopción, al detectarse, mediante estudios socieconómicos, que estaba en una situación que ponía en riesgo su integridad física y psicológica.
Según dice Teresita Anguas Zapata, titular de ese organismo, “a través de una exhaustiva revisión del listado de los menores que están bajo la tutela pública del Estado nos percatamos de este caso, por lo que accionamos lo que conforme a la ley corresponde”.
Por omisión de la anterior procuradora la institución no le brindó el cuidado necesario a la pequeña y se permitió que estuviese bajo el cuidado de una pareja que no tiene parentesco ni custodia legal, señaló.
Se explicó que el expediente, que data del año pasado, demuestra que la madre biológica ratificó ante el juzgado 1o. de Oralidad Familiar su consentimiento para que la pequeña fuera dada en adopción plena a la familia o pareja que la Procuraduría designara, cediendo la tutela a favor del Estado, “por lo cual se procede a la liberación jurídica”.
De acuerdo con el comunicado, se puede conocer que de los diversos trabajos sociales realizados a los candidatos para realizar la adopción y que obran en el expediente se expusieron diversos datos que exponían la situación de riesgo de la menor, pero se hizo caso omiso a estos indicadores.
La funcionaria abundó que un nuevo estudio realizado en octubre del año en curso arrojó que la pareja, conformada por la señora A. M. C. y su esposo F. J. N. C., cambiaron el domicilio proporcionado a la Prodemefa.
Incluso, los vecinos reportaron que los solicitantes llevan un estilo de vida que no es apto para el cuidado de un menor, ya que expresaron que “ambos realizan conductas desfavorables, entre las que se encuentra el consumo de bebidas alcohólicas y violencia física y verbal que la mujer ejerce contra su marido, todo esto en presencia de la pequeña”.
“Es por ello —remarcó la funcionaria— que se determinó esta suspensión con base en los resultados de las investigaciones de trabajos sociales realizados a los solicitantes, en donde no se acreditó la buena reputación pública de los mismos, el cual es un requisito indispensable para continuar el trámite”.