Plan de electricidad
Difícil cancelar la construcción del nuevo aeropuerto
Al presentar el Programa Nacional de Electricidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso mejorar la infraestructura eléctrica a fin de poder generar competencia.
CIUDAD DE MÉXICO.— El 2 de diciembre, el segundo día del nuevo gobierno, se instaló el nuevo consejo de administración de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). Este consejo es presidido por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y nombró como director general a Gerardo Ferrando. El mismo día se anunció que las obras del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México seguirán hasta nuevo aviso a pesar de que como presidente electo Andrés Manuel López Obrador había anunciado su cancelación como resultado de la primera consulta popular de su gobierno.
El día siguiente, el mismo consejo anunció que a partir de ese mismo día y hasta el 2 de enero se emitirá una oferta de compra por hasta 1.8 mil millones de dólares de las notas preferentes.
Según Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estos anuncios han creado confusión, e incluso despertado la esperanza en algunos de que López Obrador dará marcha atrás en la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Historia
Pero para entender todo este proceso y medir las consecuencias de las acciones del nuevo gobierno es fundamental entender la historia de este proyecto.
El GACM es una empresa de participación estatal mayoritaria. Esta empresa es propietaria del Aeropuerto Benito Juárez, el AICM, del titulo de concesión del nuevo aeropuerto de Texcoco, el NAIM, y de Servicios Aeroportuarios de Ciudad de México, la empresa operadora de ambos aeropuertos.
Para construir el nuevo aeropuerto, el GACM levantó capital de diversas fuentes: un préstamo de Banobras por tres mil millones de dólares, 1.6 mil millones de dólares de la llamada Fibra E.
En 2016 y 2017 GACM, el fideicomiso Mexcat (Mexico City Airport Trust) emitió cuatro paquetes de bonos por un total de seis mil millones de dólares o alrededor de 120 mil millones de pesos.
Estos bonos fueron emitidos con el único propósito de financiar la construcción del NAIM en Texcoco. El pago de los intereses y el principal de estos bonos estaba respaldado por el cobro de la TUA, una tarifa que se cobra en el precio del boleto a cada pasajero, del AICM actual y del proyecto del NAIM.
Estos bonos fueron colocados en los mercados internacionales y adquiridos en su mayoría por inversionistas extranjeros.
De acuerdo con los prospectos de estos bonos, cualquier
cambio al titulo de concesión o la cancelación de la obra en Texcoco constituye un “Evento de Incumplimiento”. Estos eventos, comúnmente conocidos como default, son las previsiones que se estipulan en este tipo de contratos para proteger a los inversionistas y que permiten a la empresa que los emite obtener una menor tasa de interés. En el caso de las notas preferentes de Mexcat,
los prospectos son muy claros: la cancelación de la obra en Texcoco constituye un evento de incumplimiento.
Evento
Ante un evento de incumplimiento, los prospectos especifican que ante el anuncio oficial de la cancelación de la obra de Texcoco, el GACM está obligado a pagar a los tenedores de bonos el valor nominal de la deuda de forma inmediata, seis mil millones de dólares o 122,500 millones de pesos a la tasa de cambio del jueves 6 de diciembre.
Ésta es la razón por la que el domingo 2 de diciembre el Consejo de GACM no canceló de forma oficial la obra del nuevo aeropuerto. El anuncio de López Obrador en calidad de presidente electo sobre la cancelación no era oficial en términos legales.
En ese momento, la autoridad competente era el gobierno del aún presidente Enrique Peña Nieto, que decidió seguir con la obra hasta el último día. Sin embargo, al tomar posesión el nuevo gobierno, un anuncio de cancelación de la obra por parte del Consejo de GACM sí constituiría un evento de incumplimiento y desencadenaría los eventos mencionados.
Adeudos
El 30 de octubre, el entonces director general de GACM, Federico Patiño, declaró que el fideicomiso Mexcat contaba con 115 mil millones de pesos en caja y adeudos de 35 mil millones de pesos a Fibra E, 45 mil millones de pesos a contratistas además de las obligaciones de estos bonos. Hoy en día, la información sobre la liquidez del fideicomiso no es pública, pero con estos datos es obvio que Mexcat no cuenta con los recursos para reembolsar a los tenedores de las notas preferentes más de 120 mil millones de pesos. No lo tiene porque estos bonos se iban a pagar con el cobro de la TUA de AICM —cinco años— y NAIM —25 años— durante los próximos 30 años. Ante este escenario, el nuevo gobierno se vería obligado a inyectar capital al fideicomiso con recursos del presupuesto de egresos del 2019. Técnicamente podría declarar insolvente al fideicomiso y no pagarlos, ya que en el contrato especifica que estos no están respaldados por el Estado mexicano.
Esto tendría consecuencias desastrosas para la economía mexicana al disparar las tasas de interés de la deuda soberana y otras empresas del Estado como Pemex o CFE.