Los fantasmas de Vila
Mucho se ha criticado, con razón, la decisión de Andrés Manuel López Obrador de “perdonar” la corrupción de sus antecesores. Pero AMLO está muy lejos de ser un pionero en este sentido. No tenemos que ir muy lejos para ver por qué; algo muy similar parece estar ocurriendo en Yucatán a partir de la llegada de Mauricio Vila al gobierno del Estado.
Durante las últimas semanas Diario de Yucatán ha publicado una serie de extensos y bien documentados reportajes donde se da cuenta de la existencia de redes de corrupción durante el gobierno de Rolando Zapata. A lo largo de esta serie, elaborada por Central 9 y conformada por 12 entregas hasta el momento, se explica, con lujo de detalle, cómo millones de pesos en recursos públicos fueron a parar a empresas fantasmas, beneficiarios “multitareas” o con giros incongruentes. También se detalla la presencia de una red de conexiones que favorecen a decenas de empresas e individuos bien identificados. La mayoría de los elementos anteriores se repite una y otra vez a lo largo de esta trama. De esta forma, millones de pesos habrían sido desviados o mal utilizados.
Ante semejante caudal de evidencias, el silencio de las personas implicadas es esperable. No lo es, en cambio, el silencio del gobierno del Estado o el de panistas locales, quienes a estas alturas ya tendrían que haber emitido pronunciamientos firmes acompañados de una serie de medidas formales con el fin de denunciar y buscar el castigo legal a cualquier culpable. Sin embargo, esto claramente no ha ocurrido; en su lugar, el gobierno de Mauricio Vila parece haber optado por el silencio y la inacción. En consecuencia, todo apunta a que desde el gobierno estatal se apuesta al perdón y al olvido; es decir, a la impunidad enmarcada en el “borrón y cuenta nueva” como verdad axiomática.
Esta postura del gobierno de Mauricio Vila, claro está, admite varias lecturas. En el terreno de las hipótesis se puede plantear desde un pacto preelectoral de impunidad hasta la posibilidad de un intento de chantaje del nuevo gobierno al PRI en el congreso —es decir, un pacto de impunidad “revolvente” y renovable de acuerdo con circunstancias o metas específicas—. No me detendré a revisar éstas u otras hipótesis, pues me parece que para fines prácticos resultan irrelevantes los motivos que llevan a tolerar o abrazar la impunidad; lo verdaderamente importante son sus consecuencias.
Una consecuencia de la impunidad ————— (*) Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM) surgida desde las cúpulas es que ésta lastima directamente el desempeño de un gobierno y mancha la percepción que la ciudadanía puede tener de éste. Por ejemplo, el gobierno de Yucatán constituyó recientemente un comité llamado Grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia (GTMJ) con el fin de combatir la impunidad. Este nuevo grupo tiene como misión “analizar la comisión de delitos —como robos a casa habitación—, el proceso que se sigue contra los detenidos, si son liberados y si son reincidentes porque el objetivo principal es que no se libere tan fácilmente a los responsables, pues esto causa molestia entre la sociedad y las víctimas” (Diario de Yucatán, 06/12/2018).
Es evidente que cualquier esfuerzo por combatir la impunidad desde la legalidad tendría que ser bienvenido. Pero proyectos como el GTMJ pierden buena dosis de credibilidad cuando se considera la combinación de dos hechos. (1) El primero es que el GTMJ es una herramienta para castigar efectivamente los delitos cometidos por algunos de los individuos más marginados —una herramienta por cierto integrada por altos funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial locales, así como por dirigentes de cámaras empresariales—. (2) El segundo es el perdón aparentemente garantizado a la corrupción o los delitos cometidos por las élites políticas o económicas implicado en el “borrón y cuenta nueva” descrito anteriormente. Lo importante aquí es que la combinación de (1) y (2) revela la existencia de un gobierno elitista; es decir, de un gobierno que buscará combatir la impunidad de “abajo” ignorando la de “arriba”.
Si el combate a la impunidad es en serio, éste tendría que ser parejo. Y si el combate a la impunidad es parejo uno esperaría ver pronto la conformación de mecanismos para, por ejemplo, recopilar información y hacer denuncias a casos de empresas fantasmas del gobierno anterior u otras redes impunes en el estado, como la formada por notarios fraudulentos o la integrada por despojadores y traficantes de tierras. ¿Está el gobierno de Mauricio Vila en disposición de tomar medidas de esta naturaleza?
En caso de que la respuesta sea afirmativa, estos mecanismos no pueden de ninguna forma ser réplicas del GTMJ. A estas alturas tendría que haber quedado claro que es ingenuo esperar que el combate a la impunidad sea real cuando las personas encargadas de hacerlo son integrantes de un gobierno que jamás la han criticado, del tribunal de justicia que trabajó de la mano del gobierno anterior y los representantes de algunas cámaras empresariales que aplaudieron sin reservas durante los seis años del gobierno de Rolando Zapata. Todo lo demás constante, si Mauricio Vila decide navegar en el mismo sentido que su antecesor, lo más probable es que dentro de seis años nos encontremos hablando aquí de reportajes de Central 9 dedicados a su gobierno.
De lo anterior se pueden derivar problemas políticos o electorales para el gobierno de Mauricio Vila. Y es que en México ya pasaron los tiempos en los que las élites políticas o económicas eran tomadas como referentes morales por la ciudadanía. Actualmente, lo contrario es cierto. El resultado de las elecciones federales de este año, el discurso anti-neoliberalismo y la forma en que las “advertencias” de algunos de los hombres más ricos de México fueron desoídas hacen evidente que hay muy poco margen de legitimidad para gobiernos a la vez cupulares en lo político y en lo social.
Pero esto no es todo. Otra consecuencia de brindar impunidad al gobierno de Rolando Zapata es que con ello el PAN local pierde toda autoridad moral para criticar la impunidad que aparentemente el nuevo gobierno de la república garantizará a sus predecesores, así como sus posibles pactos bajo la mesa. La crítica pierde toda su fuerza o sentido cuando ésta es sesgada e incongruente. Por ejemplo, recientemente en Guanajuato se nombró a un “fiscal carnal”; es decir, a un fiscal a modo de los gobernadores entrante y saliente (ambos panistas). ¿Cómo puede una persona panista en Guanajuato criticar la posibilidad de que la fiscalía de la república no sea independiente?
En este sentido, vale la pena recordar que en Yucatán muy pocas personas identificadas con el PAN criticaron al gobierno de Zapata cuando estaba en funciones y que, como presidente municipal de Mérida, Vila ciertamente no lo hizo. Tampoco cuestionó Vila la corrupción de su antecesor cuando fue candidato a gobernador. Es más, en las campañas de este año prácticamente ninguna persona postulada por el PAN confrontó directamente al PRI local con temas delicados de dominio público. En medio de este silencio, la voz de Patricio Patrón fue de las pocas que se alzaron y que cuestionaron directamente a Zapata. Pero ciertamente no fue la tónica de su partido.
Dejar al PAN local con las manchas indelebles que producen el elitismo y la impunidad equivale a dejarlo en el desamparo. Recordemos que el triunfo en las elecciones de gobernador fue por un margen mínimo. A ello tenemos que sumar dos factores. (a) el primero es que durante este proceso el PRI postuló a un candidato con poco cartel más allá de su partido. (b) El segundo es que Morena realizó una campaña austera y poco organizada. Pero las circunstancias parecen haber cambiado muy pronto. Morena contará a partir del próximo año con recursos para campañas multiplicados, será el partido en el gobierno y tendrá a un superdelegado bien posicionado. Por su parte, el PRI tiene ahora como figura más visible en el Congreso federal a Dulce María Sauri, una política bien conocida, que contrasta con la mayoría de los integrantes de su partido y que cuenta con amplia trayectoria y preparación. Lo importante aquí es que probablemente ninguno de los dos factores anteriores se repetirá en 2024.
El elitismo o la impunidad no asegurarían, desde luego, el fracaso del gobierno de Mauricio Vila o la derrota del PAN en próximos procesos electorales locales. Sin embargo, en un país harto de la impunidad de sus élites económicas y políticas, poca duda puede quedar de que al abrazar el elitismo o la impunidad cualquier gobierno o partido hace más probable su fracaso.
EXCURSO
Lejos de hacer frente a los principales retos que en materia de derechos humanos enfrenta Yucatán, la Codhey —la institución encargada de proteger, estudiar y promover estos derechos— ha sido sumisa, dócil e inoperante. A pesar de ello, el Congreso local podría determinar, una vez más, que quien ocupe la presidencia de esta organización a partir del próximo año sea una de las personas que ha contribuido a su descrédito y a su deterioro.— Edimburgo, Reino Unido.