Juan Guaidó, ¿presidente venezolano?

Fundamentalmente las democracias mueren cuando los actores autoritarios, económicos, políticos y/o sociales no respetan las reglas. Rompen el marco constitucional, lo minan e intentan por todas las vías reformarlo para beneficio propio. Hoy, el triste caso de Venezuela nos enseña lo que nunca podríamos permitir en México. Repasemos algunos antecedentes en la historia política de Venezuela.

El 23 de enero, el mundo conoció a Juan Guaidó, cuando Estados Unidos y después decenas de países, anunciaron que lo reconocían como único presidente de Venezuela. Muchos medios, ante el sorpresivo acontecimiento y la poca información, reportaron la auto-proclamación como presidente del joven ————— (*) Exdirector del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa como golpe de estado.

Es importante hacer precisiones al respecto y sobre todo aclarar que técnicamente no se trata de una autoproclamación, ni de un golpe de estado, sino de una asunción al poder que obedece a tres figuras jurídicas previstas en las leyes venezolanas: la primera, falta absoluta de Presidente (Artículo 233 de la Constitución Venezolana); la segunda, el Cabildo Abierto (Artículo 70) y la tercera, el derecho al desconocimiento del régimen contrario a los valores venezolanos (Artículo 350).

Nicolás Maduro fue elegido presidente en las elecciones de 2013, para ocupar el cargo hasta el 10 de enero de 2019. Derrotó a Henrique Capriles por muy poco margen. Capriles quiso interponer demandas de fraude, bien documentadas, pero no fueron ni siquiera admitidas.

En las elecciones intermedias de 2015, la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional (AN). Las causas fueron varias, destacando la sistemática inhabilitación o encarcelamiento de opositores, asesinatos políticos, una debilitada economía, sumida en una espiral de hiperinflación, emergencia alimentaria por desabasto e incumplimiento con el pago de diversos bonos gubernamentales en el exterior.

En esta circunstancia, Maduro, decidido a recuperar el poder absoluto, y a pesar de haber reconocido la derrota, quiso impugnar 22 diputaciones, pero su intento fracasó. Aun así, el TSJ obediente a Maduro pretendió revertir por decreto la instalación de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ésta ya había quedado instalada el 5 de enero de 2016. Juan Guaidó era el diputado 86.

Maduro optó por desconocer la AN y declararla en desacato, enviando al TSJ las funciones legislativas, con lo que literalmente ese órgano se transformó en poder legislativo y judicial al mismo tiempo. Para anular a la Asamblea Nacional, Maduro decidió desconocer al Congreso y decretó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto haría leyes a modo.

Para cubrir las apariencias, organizó un referéndum al vapor, únicamente entre organizaciones civiles registradas a su favor. Una vez consumado el golpe parlamentario, adelantó las elecciones más de medio año, sorprendiendo a los principales partidos de oposición. Sin sorpresa, como candidato único en la práctica, Maduro ganó, con una abstención de casi 70%.

A pesar de haber sido presionado internacionalmente para que no tomara posesión, el 10 de enero, Nicolás Maduro simuló un acto de toma de posesión.

Una vez terminado el mandato constitucional de Maduro, el 11 de enero se presentó la situación legal prevista en el artículo 233 de la Constitución: Ausencia total de presidente, por lo que de manera automática, el presidente de la AN queda al frente de las funciones del Ejecutivo Nacional. El presidente en ese período era el diputado Juan Guaidó.

Al ser en automático, nada obliga a prestar juramento. Pero, con la intención de dar más legitimidad a su nombramiento, la junta directiva de la Asamblea Nacional organizó dos Cabildos Abiertos, figura reconocida en la Constitución Venezolana, donde por convocatoria a la población en lugares públicos, se toman decisiones o acciones de gobierno, jurídicamente vinculantes por encima de cualquier otra autoridad (Artículo 70).

Fueron realizados dos Cabildos Abiertos, el primero al día siguiente (11 de enero) de haber nombrado a Juan Guaidó titular en funciones y encargado del ejecutivo, y el segundo, el 23 de enero en la Plaza Juan Pablo II.

Estos actos jurídicamente válidos y legítimos, fueron los que tomaron en cuenta los países que comenzaron a reconocerlo como Presidente. Y si por alguna razón Guaidó no se sostiene legítimamente será por razones de fuerza pero no de ley.

Ciertamente nuestro entramado institucional que sostiene nuestro edificio llamado democracia tiene defectos y lastres, pero aún cuando pudiéramos calificar a nuestra democracia como defectuosa, nunca podríamos sostener que habría que derrumbar el edificio. — Ciudad de México