Negocios torcidos
La Auditoría Superior del Estado mantiene abierta la investigación de las denuncias de corrupción contra el anterior Ayuntamiento de Mérida, interpuestas hace medio año
“Esa forma enredada de contratar servicios incita sospechas de prácticas cuestionables e incluso ilegales, de acuerdo con las denuncias que investiga la ASEY
La Auditoría Superior del Estado (ASEY) continúa las investigaciones en torno a las denuncias interpuestas por ciudadanos sobre la operación de una red de proveedores de membrete que en 2016 y 2017, según pruebas y documentos que han sido expuestos a la opinión pública, fue usada por el Ayuntamiento de Mérida para saquear el erario.
El presunto desvío de dinero público durante la gestión municipal de Mauricio Vila viene otra vez al caso a raíz de los reportajes del Diario que han sacado a la luz hechos de corrupción semejantes que perpetraron altos funcionarios del gobierno de Rolando Zapata Bello, quienes, como hemos detallado en una serie de reportajes, desviaron cientos de millones de pesos del erario estatal.
En el caso del Ayuntamiento, confirma la ASEY, son al menos 20 los proveedores sospechosos de formar parte de un complejo entramado con el que, mediante facturas falsas y empresas de fachada, funcionarios deshonestos abrieron un boquete en las cajas municipales para extraer de manera sistemática cantidades que sumadas rebasaron los 210 millones de pesos, dinero usado supuestamente como financiamiento ilegal de la campaña de Vila a la gubernatura.
Investigaciones recientes de este periódico confirman que muchos de los proveedores y prestadores de servicios que acapararon los contratos millonarios tienen su domicilio fiscal en casas particulares o abandonadas, lotes baldíos y locales cerrados.
Sospechas
Independientemente de lo que encuentre y falle la Unidad Investigadora de la ASEY, que tiene en sus manos las indagaciones, con sólo echarle un ojo a los documentos de la asignación de los contratos y de la constitución de las empresas salta a la vista una marcada inclinación del anterior Ayuntamiento por los negocios turbios y torcidos que ponen en entredicho su honestidad.
Y confuso es lo menos malo que se puede decir de esa forma enredada de contratar servicios, que incita sospechas de prácticas cuestionables e incluso ilegales, de acuerdo con las denuncias que investiga la ASEY.
Todo orbita alrededor de conceptos vagos y trabajos difíciles de comprobar, como el “mantenimiento de áreas verdes ubicadas en diferentes puntos de la ciudad” o la “limpieza de terrenos”. También son de llamar la atención las numerosos faltas contables de las empresas cuestionadas —no presentan gastos, no declaran impuestos, entre otras cosas—, aunque estos delitos, pese a su gravedad, generalmente se saldan con multas y recargos.
Según las acusaciones, de la veintena de estos negocios de membrete, que le facturaron a la autoridad municipal servicios por montos que van de 1.5 millones a 20 millones de pesos, al menos 10 han sido demandados penalmente y sus declaraciones al SAT tienen muchas inconsistencias.
En todos los casos que están en manos del órgano fiscalizador hay sobrados motivos de sospecha: el Ayuntamiento de Mérida es el único o el principal cliente de esas empresas, que se facturan entre sí y obtienen dinero mediante cheques que se cobran en efectivo.
Además, la mayoría carece de empleados o los que tienen son insuficientes para las tareas que dicen realizar y de sus pocos trabajadores ninguno está dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el SAT. Y a menos de que las evidencias engañen, carecen del equipo y de infraestructura que acredite que pueden dar los servicios por los que recibieron mucho dinero.
En los últimos seis meses, han desfilado por las oficinas de la ASEY los empresarios y funcionarios municipales involucrados en los delitos que se investigan.
De confirmar la Unidad Investigadora que existe una falta, levantaría un informe de presunta responsabilidad administrativa, que pasaría a la Unidad Substanciadora, la cual puede enviarlo, según sea la gravedad de la falta, al Tribunal Administrativo de Justicia o a la Vicefiscalía Anticorrupción.
“Las denuncias que tres ciudadanos interpusieron contra el Ayuntamiento de Mérida están actualmente en la Unidad Investigadora. Hemos solicitado y obtenido de la administración municipal un gran volumen de información que se analiza de forma exhaustiva”, informa el titular de la ASEY, Mario Can Marín.
Tras señalar que la secrecía es parte del proceso, Can Marín comenta que un equipo multidisciplinario se encarga de revisar todos y cada uno de los documentos recabados.
Esta investigación documental se suma a las diligencias con los proveedores inculpados y a la información solicitada a entidades como IMSS, Infonavit, SAT, Comisión Bancaria, Japay, CFE… “No se dejará sin tocar ninguna línea de investigación”.
Sin un plazo
Can Marín advierte también que no tienen un plazo definido para concluir las pesquisas, porque en el curso de las averiguaciones pueden surgir nuevas rutas de investigación y las denuncias pueden derivar en hechos que no fueron denunciados pero que obligarían a trazar nuevas líneas de acción. “Puede ser que haya necesidad de pedir nuevas evidencias, llamar peritos, volver a citar a los involucrados para practicar pruebas, es probable también que tengamos que acudir a los lugares donde se brindaron los servicios y girar nuevos oficios al IMSS, Japay, CFE, etc”.
El auditor comenta que aunque son “alrededor de 20” las empresas denunciadas, eso no significa que no se vayan a incrementar.
Los documentos en manos de la ASEY señalan que los socios de algunas de estas compañías son personas cercanas a funcionarios del Ayuntamiento, políticos panistas o trabajadores que ni se imaginaban que tenían participación en empresas boyantes.
Esto es posible porque los datos que se requieren para crear una empresa los tiene la misma autoridad, como fotocopias de nuestro INE, dirección, homoclave de Hacienda… “Se busca un notario a modo, se le dice que son los socios, que no pudieron estar presentes, ‘pero aquí están las firmas… ¿cómo le hacemos?’. Es una forma relativamente común de constituir este tipo de empresas, por lo que no sería raro que en un futuro aparezcan más casos como estos”, comenta un experto en temas fiscales.
Empresas
Como hemos informado, algunos de los proveedores denunciados por este caso son: Titania Cristal López Leyrana (el fraude sería de $19.495,189.16), Wílliam Felipe Pavón Ávila ($11.591,904.55), René Alberto Escamilla Canché ($20.350,008.37), Reyna Marlene Luna Magaña ($9.417,779.57), Manuel Banderas Couoh ($10.552,951.52), Redes y Canalizaciones del Sureste ($14.895,367.84), CDI Instalaciones ($14.389,894.89), Mauitimik ($17.930,663.34), Constructora Basco ($2.962,171.56), Construcciones Civiles e Ingeniería Ambiental ($3.809,138.50), Edgar Lorenzo Lizama ($3.333,878.64), Freddy Molina Fernández ($2.609,098), Gerardo Arturo Cabrera de la Luz ($3.811,284.74), Néstor Montero Chuil ($16,700,748.29), Pedro Cámara Salazar ($1.281,645.88), Secoma ($3.457,460.41), Servicios de Construcción y Mantenimiento ($3,809,138.50). En próximas entregas recordaremos los expedientes de algunas de estas empresas.— (Continuará).—