Acosta Solís niega acusaciones en el conflicto ejidal de Motul
Dice que solo dio asesoría gratuita a un ejidatario
El abogado Rafael Acosta Solís niega todos los señalamientos sobre su persona vertidos durante la toma del edificio del Tribunal Único Agrario No. 34 por ejidatarios que protestan contra el magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez, a quien acusan de corrupción.
Acosta Solís informa que en virtud de que fue afectado en su honor, persona y profesión interpuso denuncias formales contra quienes emitieron acusaciones en su contra, “las cuales son falsas”. Y en uso de su derecho de réplica remitió al Diario un escrito donde aclara puntos donde se le involucra y concedió una entrevista sobre su participación en el juicio.
¿Cuál es la intervención de su despacho en el caso del ejido de Motul?
“Es un problema de justicia agraria. El actual comisario era suplente en la anterior administración y entra en funciones por un juicio agrario que tenía con unos ejidatarios y personas particulares”, explicó.
“Al entrar en funciones, la ley agraria le prohíbe participar en la elección. Esto ocurre hace como dos años, uno de los ejidatarios acude a mi despacho y lo asesoramos gratuitamente”.—
No es un problema de dinero ni de tierras el que se tiene en el ejido de Motul, es un problema de cuidar el principio agrario vigente, que es el principio de la no reelección, señala abogado Rafael Acosta Solís al responder a los señalamientos sobre su persona vertidos en la toma del edificio del Tribunal Único Agrario No. 34 por ejidatarios de varios municipios.
“En materia agraria no existe un sistema electoral consolidado sino que es endeble y es evidente que se necesita cuidar ese principio de la no reelección. Por eso se acepta a ese señor y demanda la nulidad de la elección porque el actual comisario ya estaba en funciones precisamente en el tribunal como presidente suplente, eso está prohibido por la ley”.
“A partir que demandamos, dentro del plazo que marca la ley, ellos han hecho todo lo necesario para que no haya audiencias. Presentan justificantes médicos y por ello tuvimos conflictos con el tribunal porque su obligación era mandar llamar al médico y preguntar si es cierta la enfermedad y nunca lo hizo. Cada vez que se suspendía, era 3 o 4 meses de demora de la audiencia. Esto implica que en dos años no haya justicia agraria en Motul”, indica.
“Con la presión que hicimos en el litigio, el tribunal ordenó, y no es la primera vez que lo hace, que los titulares del comisariado ejidal que estén enfermos los representen sus suplentes y asuman la función de propietarios. Con ese acuerdo ya no pueden enfermar a más gente porque tendrían que llevar muchos médicos para que certifiquen la enfermedad, por lo que deciden tomar el tribunal y aducir una serie de irregularidades que no existen. Por supuesto, ni hay relación con el magistrado, ni tengo ningún tipo de buena relación con él. Nosotros somos litigantes, jamás le he pedido un favor, jamás he tenido una muestra de gratitud con él. Yo si lo respeto, pero con sus expresiones, el magistrado creo que me faltó al respeto, demostrando que está actuando mal y tendrá sus consecuencias”.
“¿Quién es el culpable?, se autopregunta. “Primero el que se reeligió, y el tribunal por permitir que las audiencias sean cada tres meses. Debió de hacer audiencias cada 10 días para ver si se iban a enfermar tantas veces y poder desahogar un asunto que tiene que ver con el derecho agrario. Es sencillo, el tribunal debe determinar si hay reelección de los comisarios que ya entraron en funciones. Si esto ocurriera en materia agraria en Yucatán, por lo menos va a generar un conflicto inimaginable porque como es endeble el sistema electoral, esto va a ocasionar que todo mundo se quiera reelegir, entonces va a acabar en una guerra social por la falta de reglas”, apunta.
“El otro conflicto que veo y que es muy grave, es que el tribunal agrario haya permitido que no se detenga a estas personas por obstrucción de la justicia. Uno puede hacer manifestaciones pacíficas y libres en las instalaciones, se han hecho, pero la realidad es que no puedes impedir las audiencias porque hay perjuicio para los campesinos porque la mayoría viene de pueblos muy lejos”, expresa.
“Muchos piensan que todo es problema de tierras, pero hay más problemas de sucesiones, cambio de nombres, problemas de límites en el tribunal. No tiene nada que ver con lo que siempre se especula. Ahora hay un perjuicio por la obstrucción de la justicia y no veo a nadie en la cárcel. Yo ya denuncié penalmente porque me afectó mi honor y reputación y trataron de imputar una conducta ilegítima que no pueden demostrar. Yo sí puedo demostrar que el magistrado los benefició al permitir que cada tres meses metieran justificaciones médicas y no llamar al médico para que comparezca para ver si es cierta la enfermedad, eso sí lo puedo demostrar”, agrega.
“Conozco a 6 o 7 personas que ya denunciaron a los que bloquean el tribunal porque vienen de lejos, tienen audiencias muy largas y se les suspendieron porque este señor decidió suspenderlas”.
¿Cuál es la intención del bloqueo al tribunal para impedir la audiencia?
“Es muy importante. En materia agraria, en una sola audiencia se puede dictar sentencia. En este caso no necesitas desahogar pruebas, simplemente con las documentales de los expedientes donde actuó el comisario actual de Motul en el período anterior, son suficientes para acreditar que él ya era comisario y que actuaba como tal. Es una prueba irrefutable, está su firma, sus actuaciones fueron ante el tribunal, se hicieron frente al propio magistrado. Ese señor no podía ser comisario ejidal, la realidad es que en esa misma audiencia si no había desahogo especial de pruebas se tenía que dictar sentencia y se les iba a caer el comisario ilegítimo. Ni siquiera estamos impugnando al secretario y tesorero, solo al presidente. Es que así, la elección solo sería para el puesto de presidente, pero cómo manejaron la manipulación del asunto”.
Cargo
Acosta Solís precisa que no fue procurador de justicia, como publicamos, sino fue subprocurador de justicia. También dice que no litiga juicios en los ejidos de Sinanché, Bokobá y Cansahcab. Solo atiende un caso en el ejido de Motul, que es motivo de este conflicto, y con el ejido de Suma donde atiende el caso de una señora de Campeche a la que alguien hizo ejidataria, pero no hay forma de localizarla.
Sus juicios no tienen ninguna relación con alguna empresa eólica, sino simplemente es un caso de justicia agraria. (Continuará).—