Con la única obligación

La política de privatizaciones ha tenido repercusiones muy hondas en la vida de los mexicanos, desde que comenzó a ponerse en práctica a fines de los 80 del siglo pasado, orientada por el gurú de los neoliberales mexicanos y exalumno de la Universidad de Harvard, Carlos Salinas de Gortari. Éste aseguraba que ese era el camino correcto para que el país saliera de la enorme crisis en que corruptos gobernantes anteriores de su mismo partido —sobre todo López Portillo— lo habían hundido; la realidad no tardó en demostrar, sin embargo, que era porque se trataba de un gran negocio en el que salían beneficiados los encumbrados políticos corruptos de su tiempo, que recibían su tajada de las ventas del patrimonio público, y grandes empresarios que recibían los bienes enajenados a precios de ganga.

Así comenzó, después de la llamada del “desarrollo estabilizador”, una nueva etapa en la vida de México: la del saqueo de bienes y recursos naturales, mediante privatizaciones, que se ha prolongado a nuestros días.

Durante décadas, los traficantes de la política no han parado de hacer turbios negocios con empresarios amigos con los que se reparten los beneficios de lo que transan. Encontraron una forma de hacer dinero usando los cargos públicos para entablar relaciones de complicidad con ciertos “empresarios” y, mediante empresas reales o fantasmas —para el caso da lo mismo—, pues el fin único es enriquecerse, se dedicaron, junto con sus socios, al saqueo. Esta forma de gobernar hizo escuela y se extendió por el país.

Así, con el pretexto de que los recursos del estado son insuficientes para atender todas las necesidades de la población, los gobernantes entregan concesiones, empresas o servicios, indispensables o no, a particulares, no de manera gratuita, sino recibiendo millonarios “moches” o acciones empresariales a través de prestanombres, de las empresas que se crean o ya existen para estos menesteres, como pago soterrado de los bienes o jugosas concesiones recibidas. En nuestro estado tenemos muchos ejemplos.

He aquí dos: la construcción del Gran Museo del Mundo Maya por la gobernadora Ivonne Ortega, con un costo de $4,643 millones a pagarse en 21 años desde 2013, negocio en que el erario ha salido perdiendo gigantescas cantidades de dinero no sólo por el costo excesivo de la edificación, sino por el desbalance entre los ingresos y egresos diarios de la institución ahí asentada, de $23,640 y $605,870, respectivamente, que le significan pérdidas, a perpetuidad si no hay un cambio, de más de $212 millones anuales, con cargo al presupuesto del estado (D. de Y., 10-06-18).

La obra fue hecha mediante uno de los métodos favoritos de los mafiosos con poder político para privatizar dinero público —una figura conocida como PPS, que consiste en hacer obras públicas a precios inflados que el erario paga durante años— por un empresario “amigo”, Carlos Hank Rhon. Cuando aquélla pidió en 2010 la autorización al Congreso para firmar el contrato aseguró que costaría $411 millones con pagos anuales de $33 millones.

Y el hospital de Ticul, acordado por la misma con otros empresarios cuates a la caza de esta clase de bisnes, con la misma intención, la de repartirse millonarias cantidades de dinero de los contribuyentes. En este caso, a unos días de dejar el cargo, firmó un contrato con la empresa, Grupo Marhnos, para construir, mediante la misma figura socorridamente usada por los ladrones del erario, un nosocomio de 90 camas a un costo de $948.8 millones a pagar durante 25 años, que hasta su mismo sucesor, Zapata Bello, consideró excesivo y lo canceló, al costo de tener que pagar ahora, con cargo al erario, por supuesto, una cantidad aun no cuantificada por daños y perjuicios que reclama la empresa en un litigio todavía en curso (D. de Yuc., 02-08-18).

¿Alguien se chupa el dedo para creer que estos más que jugosos negocios para unos cuantos se han hecho sin división de utilidades de por medio? Lo que ocurre es que las autoridades “competentes” del Estado, que deberían investigar los hechos, son omisas y ni siquiera intentan averiguar qué está pasando cuando los escándalos están en su apogeo.

En esta línea de conducta se inscribe el lucrativo negocio de la privatización de la función de dar préstamos a sus afiliados que tiene por obligación el órgano de seguridad social de los trabajadores del Estado, el Isstey, otro negocio millonario en que la confabulación de dos poderes, el político y el del dinero, han convertido una obligación de Estado en una función particular, con perjuicio de un segmento social que tiene derechos que le son escamoteados, en aras del interés oculto de funcionarios que usan los cargos públicos como medio para enriquecerse junto con socios supuestamente privados que desde las sombras los acompañan.

Entre los dos gobernantes, Ivonne Ortega y su sucesor Zapata Bello construyeron la coartada perfecta para el negocio actual: una desfondó a la institución usándola de caja chica, al grado de que cuando la recibió del gobierno que la precedió, el de Patrón Laviada, su deuda era de $13 millones y cuando dejó el cargo ya ascendía a $2,078 millones, un crecimiento brutal de más de 150 veces la heredada; el otro, en lugar de encausarla por el desfalco usó el descalabro para montar otro pingüe negocio, entregándole a un grupo de supuestos empresarios por él privilegiados la facultad de dar dinero al agio a nombre del Isstey, la institución obligada a realizar la función de ayudar a mejorar la vida de los empleados estatales.

Prestar a corto plazo al 20% anual claro que es un negocio muy jugoso, sobre todo cuando se tiene a una clientela cautiva y no hay competencia. Compárese esta tasa de interés con la que impone otra institución del estado, ésta federal, el Issste, de 9% en préstamos ordinarios y de 12% en especiales y se verá que el atraco no es menor.

La pregunta es: el que otorgó estas concesiones altamente lesivas al interés de los trabajadores dependientes de la institución ¿no recibió nada a cambio? La actual administración, encabezada por el gobernador Vila, en aras de la honestidad que presume está obligada a abrir una investigación y a desfacer el entuerto de los préstamos con altas tasas de interés en beneficio de particulares.— Mérida, Yucatán. ————— (*) Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa