Corrupción y empresas fantasma
No sé si las denuncias presentadas el 14 de enero por la titular de la Contraloría General del Estado, Lizbeth Basto Avilés, ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey) por supuestas irregularidades en la administración de Rolando Zapata Bello quedarán impunes, pero los titulares de esos organismos, José Enrique Goff Ailloud y Mario Can Marín, respectivamente, no tuvieron el compromiso para aclararlas.
Central 9, aun sin ser un órgano de vigilancia de los recursos públicos, descubrió lo que esas instituciones no pudieron detectar: la proliferación de un sin fin de desvíos al erario a través de empresas fantasmas. ————— (*) Contador-auditor. Exasesor de gobiernos emanados del PRI
El Diario hizo su trabajo, solo se necesita aplicar las normas de auditoría generalmente aceptadas para concluirlas y emitir los dictámenes.
Pero ¿cómo pueden pedirse resultados a quienes son empleados del gobierno? Es tanto como morder la mano de quien les da de comer. Es innegable que desde su nombramiento (04/07/17), el desempeño del titular de la Asey ha sido mediocre porque ha seguido la línea de sus antecesores. Las aprobaciones del gasto público de los ejercicios 2017 y 2018 del gobierno del Estado, a sabiendas que estaban infectados con empresas fantasma, son pruebas irrefutables de estas aseveraciones.
Y ya que estoy hablando de incompetentes, no puedo dejar de mencionar al zar anticorrupción Goff Ailloud, quien como primera acción después de recibir las denuncias de la Contraloría General del Estado debió solicitar información sobre las empresas fantasmas, pero después de permanecer cinco meses en silencio nos sale con la ridícula excusa de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se niega a proporcionarla.
La malversación de las cuotas de $2,100 millones, descontadas y no entregadas al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco es otro delito que hasta hoy no se ha esclarecido.
En lugar de denunciar el peculado que cometió su antecesora, Rolando Zapata Bello cometió el error de nombrar como director del Isstey a Ulises Carrillo Cabrera, quien además de estar vinculado con la exmandataria estatal fue señalado por el grupo de investigaciones periodísticas del Diario de Yucatán (C9) como cerebro de la privatización “silenciosa” de los polémicos préstamos a trabajadores estatales y municipales.
En virtud de que estoy mencionando a quien hoy pretende ser la presidenta nacional del PRI, en relación con ese reportaje escribió en Twitter: “el @Diario de Yucatán publica una nota que me menciona con datos que ocurrieron después de mi gestión como gobernadora”.
Para finalizar, le sugiero al gobernador Mauricio Vila Dosal que convoque a la elección de nuevos fiscal anticorrupción y auditor superior del Estado.— Mérida, Yucatán.
————— (*) Licenciado en Derecho, maestro en Administración pública y profesor universitario