Gertz vs. Nieto
En el futuro próximo surgirán noticias que estarán marcadas por el pleito entre dos altos funcionarios del gobierno actual: el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La animadversión entre ambos ya tiene rato, todo mundo la conoce y es hasta admitida públicamente. Nieto se queja de que Gertz no procede judicialmente con los expedientes que le manda, y Gertz acusa que Nieto no integra bien sus investigaciones y por eso no puede judicializar.
Vienen tres momentos que pueden definir al vencedor de este pleito.
El primero es el caso de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex. Salvo alguna sorpresa de retraso en los tribunales por pandemia, en los próximos días debe definirse si Lozoya es formalmente aceptado como testigo protegido.
Si el fiscal Gertz termina metiendo a la cárcel a Lozoya sería un golpe de descrédito a la investigación de Santiago Nieto. Descalificaría igualmente a los que prometieron libertad a Lozoya a cambio de que hablara.
Un eventual encarcelamiento de Emilio Lozoya, ¿tumbaría la narrativa presidencial de la corrupción en el Pacto por México o la reforzaría desde el punto de vista de no impunidad hacia el pasado?
El segundo caso es el del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Quien haya escuchado con atención las palabras del fiscal Gertz en la conferencia mañanera del miércoles de la semana pasada, habrá notado que en varias ocasiones trasladó la responsabilidad de probar el caso a la parte denunciante, es decir, a Nieto.
Y fue enfático en decir que lo tendrá que probar ante el Congreso. Es decir, puso a Nieto a debatir el expediente ante los legisladores de oposición. ¿Será una jugada de Gertz para sacudirse la acusación de no proceder con los expedientes, y apostar a que la oposición hará “pasar aceite” a uno de los hombres más poderosos del gobierno? Porque lo que está claro es que gracias a la mayoría obradorista, procederá el desafuero en el Congreso federal, pero gracias a la mayoría cabecista, se detendrá en el Congreso de Tamaulipas.
El tercer caso es el de Alonso Ancira, una derivación del caso Lozoya. La promesa pública a Ancira fue: devuelves los 200 millones de dólares y ya no hay problema. Ancira aceptó, dio pasos decisivos para entregar su empresa a un nuevo dueño y en ese marco fue extraditado a México. Me dicen algunas fuentes que un tema de procedimiento jurídico parecería estar atorando que el arreglo se cristalice y Ancira pueda salir de prisión: la acusación por la que fue extraditado —lavado de dinero por una propiedad vinculada a Lozoya— no estaría tan claramente relacionada con la reparación del daño de 200 millones de dólares por la venta de una planta industrial. Veremos en qué termina este pulso.— Ciudad de México.