‘’Alguien pagará’’ reforma eléctrica
Advertencia de líder empresarial y de Citibanamex
“Alguien tendrá que pagar" los 60,000 millones de pesos que costará la reforma eléctrica, advirtió Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Ese alguien será: o los recursos fiscales o los costos implícitos en la producción de bienes y servicios del país”, consideró.
Por su parte, el presidente del consejo de Administración de Grupo Financiero Citibanamex, Valentín Diez Morodo, señaló que las decisiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador están creando una enorme incertidumbre.
“La pandemia ha trastornado la vida de todos, pero en México coincidió con un cambio de régimen cuyas decisiones están creando una enorme incertidumbre en el desarrollo de la economía”.
CIUDADDE MÉXICO (EFE) y El Universal.— El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, señaló ayer que “alguien tendrá que pagar” los 60,000 millones de pesos (2,840 millones de dólares) que a su parecer costará la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hemos argumentado que esos 60,000 millones de pesos adicionales que costará esta nueva forma de despacho de la electricidad en México, alguien los tendrá que pagar y ese alguien será o los recursos fiscales o los costos implícitos en la producción de bienes y servicios del país”, dijo Salazar.
La cúpula empresarial organizó un foro virtual de dos días, el cual cerró ayer jueves con diversas mesas de análisis sobre la reforma eléctrica aprobada ya en el Congreso que prioriza la electricidad de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), por delante de los generadores privados de energías renovables.
“Ante esta iniciativa nuestro comentario y crítica es que es evidente que no han sido los criterios técnicos los que la han motivado, los criterios económicos no han sido el soporte y los costos son clarísimos”, añadió.
El martes, con 68 votos a favor y 58 en contra, el Senado ratificó la reforma exprés enviada por López Obrador, la cual ya había sido aprobada la semana anterior por la Cámara de Diputados.
El bloque liderado por Morena usó su mayoría para aprobar la reforma en menos de un mes y vetó la comparecencia en el Senado de expertos y empresas para debatirla antes de votar.
Salazar Lomelín consideró que el Congreso “es un parlamento y ese parlamento debió permitir que todos expusiéramos nuestros puntos de vista, para que verdaderamente se mostrara la facultad que tiene el Poder Legislativo de representarnos a todos los mexicanos, no solamente a una orientación política”.
Prioridades
La reforma establece despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la empresa del Estado, la Comisión Federal de la Electricidad (CFE), sobre las centrales privadas de renovables y al final las de ciclo combinado.
También, de forma retroactiva, ordena revisar los contratos previos del gobierno
con particulares y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
Salazar Lomelín auguró el miércoles que un aumento en los costos de la electricidad en fábricas y empresas, lo acabarán pagando los mexicanos cuando consuman
bienes o servicios.
El presidente López Obrador declaró el miércoles que “no quiere expropiar por expropiar” ni generar miedo a los inversionistas, sino corregir los contratos “leoninos” que obtuvieron algunas empresas durante los gobiernos anteriores.
En el foro del CCE varios especialistas coincidieron en que las empresas privadas que invirtieron en generación de energía eléctrica con fuentes renovables corren el riesgo de quebrar.
Además, al no haber suficientes recursos para que el sector público invierta hay riesgos de apagones, advirtieron los expertos.
La exsubsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Economía, en el sexenio pasado, Lourdes Melgar, dijo que habrá efectos negativo a mediano plazo al quitarse el acceso a subastas, acotar la participación de energías limpias e inhibir inversiones en energías renovables.
El nuevo orden de despacho pide que produzcan primero las energías más caras y hasta el final entrarán las plantas eólicas y solares, y finalmente los ciclos combinados.