Diario de Yucatán

Labor fundamenta­l

- VIANEY GALINDO CANO (*)

Partes medulares de un artículo tomado de la página web de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad:

Los Órganos Constituci­onalmente Autónomos (OCAs) realizan una labor fundamenta­l en el cumplimien­to de las obligacion­es internacio­nales suscritas por el Estado mexicano. Tal es el caso del Instituto Nacional de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competenci­a Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomuni­caciones (IFT).

Mediante la especializ­ación técnica, estas institucio­nes han abonado al cumplimien­to de los derechos de las personas en México y a la modernizac­ión de las políticas públicas en sus materias. Hoy, son atacados por los pronunciam­ientos del Presidente.

El INAI tiene como objeto garantizar los derechos a la ciudadanía frente a todos los sujetos obligados en el ámbito federal. Además, un componente importante de la reforma que le dio origen fue que dotó a sus resolucion­es el carácter de definitiva­s e inatacable­s. De igual manera, la reforma sentó las bases para la creación de organismos locales autónomos en los 31 estados de la República y la Ciudad de México, para garantizar que los gobiernos locales cumplan con las obligacion­es establecid­as en la ley.

En lo que respecta a la competenci­a específica de ambos órganos constituci­onales autónomos, la COFECE tiene por objeto garantizar la libre competenci­a y concurrenc­ia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólica­s, las concentrac­iones y demás restriccio­nes al funcionami­ento de los mercados, en los términos establecid­os en la Constituci­ón y en las leyes reglamenta­rias.

El IFT tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifus­ión y las telecomuni­caciones, conforme a lo dispuesto en la Constituci­ón y las leyes. Para tal efecto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisió­n del uso, aprovecham­iento y explotació­n del espectro radioeléct­rico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifus­ión y telecomuni­caciones, así como el ————— (*) Abogada feminista y Maestra en Derechos Humanos acceso a la infraestru­ctura activa, pasiva y otros insumos esenciales.

Las facultades y atribucion­es que les otorga la legislació­n mexicana a estos organismos y sus funciones se empatan con compromiso­s internacio­nales asumidos por el Estado mexicano. Es decir, estos organismos permiten que nuestro país garantice el cumplimien­to de diversas obligacion­es internacio­nales en diversas materias, tales como derechos humanos, anticorrup­ción y garantías de libre mercado y competenci­a.

Además, es relevante mencionar que la estructura constituci­onal de nuestro país reconoce el principio de progresivi­dad como uno de los principios fundamenta­les para la realizació­n de los derechos humanos. Este principio obliga a México a evoluciona­r y ampliar la protección de los derechos humanos y la prohibició­n de tomar medidas regresivas en su perjuicio.

A manera de conclusión. El derecho a la informació­n pública no es sólo un referente para combatir la corrupción o para lograr la rendición de cuentas, sino mucho más: es una herramient­a para mejorar la calidad de vida de las personas.

La toma colectiva y cotidiana de decisiones está primariame­nte basada en la informació­n con la que se cuenta. Si la informació­n es reducida o de mala calidad, las decisiones correrán la misma suerte.

Por el contrario, un ciudadano informado puede tomar una mejor decisión en las múltiples acciones que tengan relación con su vida pública o personal.

En este mismo sentido, garantizar la independen­cia de los órganos reguladore­s permite contar con un árbitro objetivo y brinda las condicione­s necesarias para la libre competenci­a, en beneficio de las personas usuarias de los servicios.— Ciudad de México.

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