Jueces y corrupción
Los jueces capitalinos están de plácemes porque el presidente se ha olvidado de ellos; sus ataques de ira los reserva para el Poder Judicial Federal.
La república tiene problemas muy graves con sus jueces. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 los juzgadores ocupan un deshonroso segundo lugar en la percepción de corrupción sobre once instituciones. El 70 por ciento de la población los considera corruptos; no debe consolar demasiado que los “mordelones” (policías de tránsito) sean los únicos que los superan.
Aunque parezca difícil, los jueces y magistrados capitalinos salen todavía peor evaluados. En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI (2019) están en el último lugar de las 32 entidades. He constatado por qué se lo ganaron a pulso.
En julio de 2016 Humberto Moreira me demandó por 10 millones de pesos pues, aseguraba, una de mis columnas había dañado su honor. Confiaba en su victoria porque tenía aliados entre los juzgadores capitalinos: el más poderoso ha sido hasta ahora el magistrado Francisco Huber Olea Contró, presidente de la Sexta Sala de lo Civil, quien entre otras acciones parciales revirtió el fallo a mi favor de marzo de 2019, concedido por el juez de lo civil Francisco Castillo González.
Gracias a una investigación de Luis Carlos Plata publicada en “Zócalo” de Saltillo supimos que el 28 de noviembre de 2017 el gobierno de Rubén Moreira —hermano de Humberto— otorgó una notaría a un hermano del magistrado. Estamos ante un conflicto de interés clásico. El magistrado había tomado decisiones sobre mi caso pese a estar impedido por la ley. En febrero de 2020 dejó, finalmente, de intervenir en mi caso. Quiso justificarse ante medios de comunicación diciendo que él no había tenido tratos con su hermano notario “desde hace 20 años o más”.
Después de constatar la parcialidad del magistrado, en enero de 2020 abrí otro frente judicial. Presenté una queja ante la Comisión de Disciplina Judicial del ————— (*) Investigador y analista
Consejo de la Judicatura de la CDMX solicitando que evaluaran la actuación de Huber Olea en mi caso e hicieran una auditoría a sus finanzas. De encontrarle responsabilidad solicité su cese.
Pensé que la queja contra Huber Olea tenía posibilidades de resolverse relativamente rápido porque el presidente del Consejo de la Judicatura capitalina, Rafael Guerra Álvarez, había manifestado en 2019 su determinación de “recuperar la confianza ciudadana” cuando sentenció con emoción: “no tenemos derecho a fallar”.
Estaba tranquilo porque mi abogado Héctor Beristain había armado un buen documento que incluía otras nebulosas profesionales de Huber Olea, una de las más inverosímiles es que, en un sistema aleatorio, le turnaran a él 18 asuntos contra la cooperativa Cruz Azul y que siempre fallara a favor de Guillermo Álvarez, hoy prófugo de la justicia.
Me equivoqué. Los jueces capitalinos no se han esforzado en investigar y evaluar a Huber Olea. Durante año y medio he conversado e intercambiado mensajes con el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Es muy generoso con sus sonrisas, sus palabras de aliento y sus exhortaciones a pelear por mis derechos. Es muy reacio a involucrarse pese a las pruebas que seguimos proporcionándoles.
El mes pasado entregué al Consejo de la Judicatura un escrito con evidencia notarizada demostrando que Huber Olea mintió sobre la relación con su hermano notario. Aseguró que durante dos décadas no tuvo “tratos” con él, pero entregamos dos fotografías (una de 2013, otra de 2019) donde aparecen posando juntos. En conclusión, sí se “trataron”.
Se abre entonces la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura capitalino esté buscando proteger a Huber Olea, lo cual me perjudica. Tal vez quieren evitar que salga una decisión sobre él antes de que la Primera Sala de la Suprema Corte tome una resolución sobre la demanda de Moreira en mi contra.
El presidente tiene en la mira al Poder Judicial Federal, pero ni él ni otros jefes o jefas de gobierno reconocen las grandes vetas de corrupción estructural; tampoco hicieron o hacen gran cosa para corregir los vicios de una justicia capitalina que después de 24 años de gobiernos de izquierda y casi tres de 4T continúa inmersa en el tráfico de influencias y el burocratismo. (Colaboraron Sergio Huesca Villeda y Anuar Israel Ortega Galindo).— Boston, Massachusetts.