Mayorías y fiscalizadores
Bernardo Barranco, solidaridad.
La postelección de 2021 está aún dominada por la discusión sobre si el partido mayoritario, Morena, ganó o perdió y si logrará conservar el control que tuvo en la primera mitad del sexenio en la Cámara de Diputados. Por lo que hace a los comicios federales, es probable que Morena llegue a San Lázaro con más legisladores propios que en 2018. No se olvide, por lo demás, que su cómoda bancada en la legislatura saliente se logró mediante el “chapulineo” (cambio de diputados de un grupo parlamentario a otro).
En cuanto a la mayoría calificada, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando afirma que Morena nunca la ha tenido. No solo eso, ni Morena ni ningún otro partido puede tenerla por sí mismo, por una simple razón aritmética: la mayoría calificada, requisito para reformar la Constitución, es de dos tercios, es decir 334 diputados, pero la propia carta magna establece en su artículo 54.IV que “ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional)”. Dicho de otro modo, la mayoría calificada tienen que construirla dos o más grupos parlamentarios. Es una mayoría imposible para un solo partido.
Así, los dos tercios necesarios en San Lázaro para las reformas constitucionales solo se lograrán mediante una alianza de grupos parlamentarios (o de legisladores de distintas bancadas), y es posible que los partidos que fueron unidos a la elección voten separados y casuísticamente porque sus ideologías y principios son ————— (*) Periodista diferentes.
El ruido que ha generado la discusión sobre mayorías casi ha silenciado dos aspectos centrales en la postelección: los litigios que se han presentando ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en severos problemas por la división entre sus magistrados, y la muy importante tarea de fiscalización. Me detengo en esta última
Conviene recordar que, en términos del artículo 41 de la Constitución, exceder en 5% o más el gasto de campaña autorizado, puede ser causal de nulidad de las elecciones federales o locales, si la violación es determinante para el resultado de la elección. Se presume que es determinante si la diferencia entre el candidato ganador y el segundo lugar es menor a 5 puntos porcentuales. Adicionalmente, en caso de nulidad, se convocará a una elección extraordinaria, en la que “no podrá participar la persona sancionada”.
Tradicionalmente, la fiscalización del INE ha sido deficitaria —el caso más notorio y vergonzoso es el de los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto—, pero hay indicios de mejoría en ese rubro. Sin embargo, la Unidad de Fiscalización del INE se enfrenta a un desafío porque la tarea es inmensa y el tiempo escasísimo.
Antes de 2014, las autoridades electorales disponían de más de seis meses para realizar la revisión de los gastos de campaña, de tal suerte que cuando el Consejo General del INE resolvía los rebases, los ganadores ya desempeñaban sus cargos. La reforma electoral de ese año redujo drásticamente los tiempos y ahora el INE dispone de alrededor de un mes y medio para tal revisión de decenas de miles de informes, por ser la elección más grande de la historia.
SE COMPLICA
La tarea se complica porque, aun cuando el INE tiene atribuciones explícitas para superar los secretos bancario, fiduciario y fiscal, en la práctica esta posibilidad se estrella —no siempre, pero sí demasiadas veces— con el recelo y la falta de colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuya información es vital para detectar excesos en los gastos de campaña.
De acuerdo con un informe de la Comisión de Fiscalización de mayo pasado, de 1,088 solicitudes presentadas a la CNBV, 741 (68%) tienen más de 31 días en promedio sin ser atendidas (la más antigua era de 125 días). La CNBV está en un evidente incumplimiento de la ley porque ésta ordena que las solicitudes del INE deben ser atendidas en un término de cinco días. El SAT ha dejado de contestar 14% de las solicitudes y la única instancia que ha atendido todas es la Unidad de Inteligencia Financiera.
Es obvio que la colaboración en esta materia debe ser fluida y expedita y las autoridades, sobre todo la CNBV, deben responder en los términos que exige la ley.— Ciudad de México.