Proponen más cambios
Piden crear una “tarifa social” en la labor notarial
Por mayoría con el voto en contra de diputados de Morenas, se aprobó ayer en el Congreso las reformas a la ley del notariado para aumentar de 100 a 154 las notarías en la entidad.
La bancada del PRI presentó otra iniciativa para hacer más cambios a esa misma ley y al Código Penal, en materia de tarifa social en servicios notariales y delitos derivados de esa función para que se castigue con cárcel a los malos fedatarios.
En la misma sesión plenaria los diputados locales también aprobaron por unanimidad el instituir que el 5 de abril se declare como el Día Estatal para recordar a las Víctimas del Virus SARScov2 (Covid-19), a propuesta de Dafne López Osorio, diputada del PAN.
Al pedir el voto a favor de aumentar las notarías, Gaspar Quintal Parra, diputado del PRI, advirtió que estos cambios “deben tomarse como un primer paso de una revisión profunda y seria de la actividad notarial en el estado, cuya regulación data, en algunos aspectos, de casi 100 años, como el caso del Arancel de Notarios y Escribanos, que desde el 20 de mayo de 1939 no se reforma, considera anacronismos como la condición vitalicia del encargo, se requiere una reforma de gran calado”.
Carmen González Martín, diputada del PAN, explicó que esta iniciativa consiste básicamente en modificar la fracción I del artículo 6 de la Ley del Notariado, para establecer que se pase de 20,000 a 15,000 habitantes por cada notario público, para aumentar el número de los fedatarios.
Por el contrario, los legisladores de Morena Alejandra Novelo Segura, Jazmín Villanueva Moo y Rafael Echazarreta Torres se manifestaron en contra por considerar que no hay argumentos suficientes para aumentar las notarías, el único interés que ven es el de beneficiar a funcionarios y amigos del gobierno actual, como el secretario de Desarrollo Económico, un comisionado del Instituto de Transparencia, y otros que con estas reformas se convertirán en fedatarios.
Otros ajustes
Luego de aprobarse estas reformas al notariado, así de inmediato en asuntos generales Quintal Parra presentó más cambios a esa misma ley y al Código Penal para incluir en la primera el definir la “tarifa social”, como el costo encaminado a garantizar que las personas que carecen de recursos económicos suficientes puedan acceder a los servicios notariales.
También propone establecer la obligación de las notarías de aplicar una tarifa social, a la población que acredite una carencia de recursos económicos, con una reducción de al menos el 50% menos de los honorarios por los servicios notariales, sin considerar los pagos de patentes y derechos.
Los reformas al Código Penal, explicó el priista, son para crear un capítulo denominado “Delitos derivados de la función notarial”, donde se establece que se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de 200 a 300 sesenta unidades de medida de actualización, así como la cancelación definitiva de su patente, al notario público que en el ejercicio de sus funciones.
Por ejemplo, que expida una certificación de hechos que no sean ciertos o no estuvo presente o dé fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos; por engaño o sorpresa haga que alguien firme un documento público que no habría firmado sabiendo su contenido.
También a quien expida un documento público o certifique uno privado, dé fe o certifique firmas de cualquier acto jurídico que implique o pudiese implicar un traslado de dominio sobre un inmueble, sin cerciorarse previamente y hacerle saber fehacientemente a las partes contratantes si tal inmueble está o no libre de gravámenes y, si se cuenta con los elementos esenciales del acto jurídico, que las partes tienen la capacidad de realizarlo y tenga elementos suficientes para emitirlo.—