El conflicto es por el poder electoral
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 39 de la Carta Magna.
En diversos estudios se ha considerado que el poder electoral hace referencia a las instituciones y organismos que se encargan de dirigir, coordinar, realizar y fiscalizar todas las acciones relacionadas con los procesos para elegir a las autoridades y a los representantes populares de una nación determinada.
Si bien la conformación del poder electoral depende de los procesos históricos y políticos mediante los cuales éste ha sido construido en cada país, su principal función consiste en regular, controlar y legitimar la manera y los procedimientos con los que se eligen a los servidores públicos que acceden a sus cargos a través del sufragio popular.
Lo anterior viene al caso con motivo de las concurridas marchas celebradas el domingo 13 de no—————
(*) Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán. viembre en ciudad de México y otros puntos de la república, en las cuales decenas de miles de ciudadanos se manifestaron bajo la consigna de “El INE no se toca”.
Resulta muy revelador que quienes llevaron la batuta en la organización y financiamiento de dicha marcha contra la reforma electoral propuesta por el Presidente de la República fueron nada menos que una parte de los poderes fácticos, especialmente los organismos cúpula del sector empresarial, a los que se sumó mi tarda ni perezosa la jerarquía de la iglesia católica.
No está de más recordar a nuestros amables lectores que la oligarquía empresarial —que ahora se ha vuelto más demócrata que el mismo Presidente Francisco I. Madero— fue precisamente la que orquestó y financió pródigamente la guerra sucia contra el actual Ejecutivo Federal, a quien machaconamente exhibían como “Un peligro para México”.
Pues bien, tras el innegable impacto político-mediático de las marchas en comento, ocurre que el Ejecutivo federal ya anunció que el próximo domingo 27 de noviembre adelantará su informe programado para el primero de diciembre, por lo que encabezará una multitudinaria marcha que partirá del Ángel de la Independencia con destino al zócalo capitalino.
Ante este complejo escenario, percibimos que se ha conformado una auténtica disputa por el poder electoral la cual, en buena medida, se dirimirá a través de la lucha político-social en las calles y plazas del país.
Esta circunstancia, lejos de asustarnos, debe concitar nuestra interés y participación de manera consciente, pacífica y organizada.
Al observar cómo están discurriendo lo procesos políticos en torno a la polémica iniciativa del Ejecutivo federal, se aprecia que la disputa por el poder electoral se está dando entre la plutocracia burocrática-partidista —abanicada financieramente por una parte de la oligarquía y otros poderes fácticos—, y un proyecto de transformación del país que propone que dicho poder electoral tenga por origen legítimo el voto universal y secreto de la ciudadanía.
En el análisis de esta compleja disputa, en primera instancia disiento sobre la maniquea idea expresada en el slogan “El INE no se toca”, porque trasluce la intención perversa de querer mantener al máximo órgano electoral tal y como está hasta ahora, a sabiendas de que adolece de innumerables deficiencias estructurales y de origen, a saber:
Está integrado por cuotas partidistas; ha fallado en la fiscalización y sanción de irregularidades financieras y de otro tipo en los procesos electorales; su burocracia dorada disfruta de altísimos salarios y canonjías que son insultantes para la realidad social que vive el país; son harto evidentes los dispendios económicos en los que sus jerarcas incurren con frecuencia, todo ello provocando que México sea el país donde resultan más onerosos los procesos electorales: 13,000 millones de pesos anuales para los OPLES y 68,000 millones que cuesta hoy el INE, sumando así una friolera de 81,000 millones de pesos anuales.
Igualmente disiento de la idea esgrimida por la oposición y sus poderosos patrocinadores financieros de que la iniciativa de AMLO pretende “destruir” al INE:
Falso de toda falsedad. Si leyeran la propuesta presidencial con calma, observarán que en realidad se propone fortalecer al máximo órgano electoral —que se llamaría INEC— al otorgarle más atribuciones como manejar los tiempos del Estado en la radio y la televisión, organizar las consultas populares y hacerse cargo de los comicios locales, amén de garantizar constitucionalmente su carácter de ente autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Finalmente, también mienten quienes afirman que AMLO pretende controlar tanto al propuesto INEC como a todos los procesos electorales, supuestamente para imponer su hegemonía política y “destruir” nuestra endeble democracia.
A decir verdad, tanto los integrantes del Consejo General del INEC como los del TEPJF serán electos por voto universal a partir de candidaturas que presentarán de manera equitativa las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejecutivo Federal. En ambos casos se observará el principio de equidad de género.
Más allá de la intensidad y alcance que adquieran la disputa por el poder electoral que se ha configurado, es del todo deseable que en medio de este conflicto se pueda dar paso a una gran negociación política para implementar una reforma electoral que sea viable y consensuada entre todos los actores políticos involucrados. Veremos.— Mérida, Yucatán.