Recurso legal por reforma judicial
Promovido por la Codhey por caso de magistraturas
Ante la aprobación de las reformas al Poder Judicial del Estado para que sean los mismos magistrados los que nombren a sus sucesores, ya empezaron a surgir dudas en el Sindicato Progresista de esa instancia.
Además, ya se interpuso un recurso legal contra esa disposición. Lo promovió la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) por esos cambios en el Poder Judicial estatal.
“En un estado de derecho no deben quedar dudas de que las personas que estarán al frente de la impartición de justicia en el Tribunal Superior sean las más idóneas y capaces, en vez de estar orquestando un blindaje para un grupo político”, afirmó Luisa Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado.
Eso lo dijo al día siguiente de que se aprobó la iniciativa en el Congreso del Estado y advirtió que podría ser impugnada.
En efecto, el primer día de abril la Codhey, en ejercicio de su autonomía constitucional y por considerar de interés social que en Yucatán deben prevalecer los derechos humanos, el estado de derecho y el equilibrio en las relaciones de los poderes públicos, promovió un mecanismo de control constitucional local en contra de esta reforma constitucional.
En el caso del sindicato, Luisa Martín Puc declaró que tienen dudas sobre si realmente esta reforma garantizará autonomía e independencia al Poder Judicial de Yucatán, “sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría de los magistrados actuales, que tendrán la facultad de nombrar a sus futuros homólogos, llegaron al Tribunal Superior de Justicia envueltos en polémicas sobre la injerencia, imposición e invasión del gobernador en dicho poder”.
“Existe la posibilidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también promueva recursos de impugnación como una controversia constitucional, porque quizás hubo una extralimitación de funciones del Tribunal”, dijo.
Otra opción es que esa instancia nacional promuebe una acción de inconstitucionalidad en contra del dictamen aprobado.
La lideresa sindical señaló que lo preocupante de esta reforma es que tampoco se garantiza que las nuevas magistraturas de Yucatán sean ocupadas por personas con la preparación, experiencia y profesionalismo que puede obtenerse a través de la carrera judicial.
“Creo que la reforma enviada por el Tribunal Superior y aprobada por los diputados si bien ponderó la alternancia para la vacantes en un artículo transitorio para que también se contemple a servidores judiciales, debió privilegiar la carrera judicial como mecanismo de selección y que los exámenes de oposición tengan un peso importante”, con sideró.
En su opinión, sin esos candados no se descarta que privilegien nuevamente el amiguismo, el favoritismo y el compadrazgo al momento de elegir a los nuevos magistrados.
“Los ciudadanos debe tener la certeza de que quienes llegan a las magistraturas tengan perfiles idóneos y conocimientos jurídicos para que en caso de que no estén conformes con una resolución de un juez de primera instancia, se pueda resolver su asunto con un magistrado que tenga capacidad”, afirmó.—