Violencia y seguridad de candidatos
En 2021 el gobierno federal encontró una fórmula para reducir el número de candidatos asesinados. En 2024 desguazaron ese programa para inventarse uno peor.
Antes de comparar los dos programas, debo enfatizar que desde hace tiempo los criminales están apoderándose de gobiernos municipales, y es posible que ya hayan puesto al Congreso en la mira.
El 5 de marzo de 2015 el Z-42 —último gran capo del Cártel de los Zeta— presumió, en una declaración ministerial ante la PGR hecha en una cárcel de alta seguridad, que, en las elecciones para diputados locales de julio de 2014, “los barrimos” en “Monclova, Sabinas, Morelos, Zaragoza y Acuña”, Coahuila; luego alardeó que las “siguientes de gobernador [se refiere también a Coahuila] las vamos a ganar nosotros”. Se quedó con ese deseo, porque sigue encarcelado. Su ejemplo fue retomado por muchos otros grupos locales.
En Urnas y Tumbas, Manuel Pérez Aguirre y Roberto Roldán (El Colegio de México, 2024), diseccionaron el asesinato de 32 candidatos en el proceso electoral 2020-2021. 31 víctimas eran aspirantes locales, opuestos en su mayoría al alcalde o al gober—————
(*) Investigador y analista nador de sus lugares de origen y fueron asesinados sin previo aviso, después de verbalizar sus aspiraciones electorales.
Como casi todos fueron ejecutados con métodos propios del sicariato profesional, se generó la impresión de que en todos estaba la mano criminal. Es una percepción errónea. La evidencia apunta a que las organizaciones criminales sólo fueron responsables de 11 de los 32 crímenes.
Otros 11 tuvieron motivaciones políticas —es decir, los mandaron matar enemigos políticos—. En seis se mezclaron razones criminales y políticas, y en cuatro hubo motivaciones personales.
Cuando se comparan las cifras de los asesinatos en los procesos electorales de 2021 con las de 2024 brincan las diferencias. En febrero de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lanzó una estrategia coordinada por Froylán Enciso para proteger a los amenazados; el número se desplomó (10 en marzo, dos en abril). Este año no se ha observado una caída similar.
La explicación que damos en El Colegio al éxito de 2021 está en el carácter disuasorio que tuvo la intervención federal; como Enciso sí coordinó los esfuerzos de las autoridades de los tres niveles para proteger a los candidatos locales, es posible que los jefes de plaza y los presidentes municipales se inhibieran ante la determinación federal.
Este año el gobierno federal trae la fiebre del voto. El INE y la SSPC esperaron hasta el 23 de febrero para anunciar el “esquema de seguridad”, cuando ya iban 18 candidatos ejecutados. Otra diferencia está en la coordinación, porque este año los responsables son el INE y las organizaciones electorales de cada estado. Dada su impericia en estos asuntos, y su rigidez para tomar decisiones, es posible argumentar que se diluyó el efecto disuasorio de 2021.
Otra decisión equívoca fue encargar al INE y a la Guardia Nacional la atención de los menos amenazados: los aspirantes a la presidencia, a las nueve gubernaturas y a las candidaturas al Congreso de la Unión. Quienes persiguen cargos locales están a cargo de las corporaciones policíacas estatales y municipales que, según el diagnóstico presidencial, carecen de “profesionalismo (e) integridad”; tiene razón, muchas de ellas están infiltradas por criminales. En suma, cuando deshuesaron el esquema de 2021 dejaron a la intemperie a los aspirantes locales.
Hay que considerar también la insuficiencia del diagnóstico. No hay estadísticas oficiales sobre atentados, heridos, secuestrados o asesinados y eso dificulta interpretar las intenciones criminales. Pregunto: ¿tienen los cárteles en la mira al Congreso Federal? Tal vez, porque de los 26 asesinatos en la lista de El Colegio de México de este año, tres aspiraban a una curul en las cámaras baja y alta (en 2021 fue sólo uno).
El gobierno federal desguazó un programa que sí funcionó en 2021, y a los partidos no parece preocuparles el asesinato de sus candidatos. Revalidan, por vía de los hechos, el desdén generalizado a las víctimas de la violencia.
Los criminales tienen frente a sí el tapete rojo que conduce a la feria de intimidaciones y eliminaciones de quienes les estorben en el lucrativo negocio de la apropiación de gobiernos locales. (Colaboró Erick Morales).— Ciudad de México.