La trascendencia de la división de poderes
Cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso —Edmund Burke
“Para evitar de nuevo poderes, personas o instituciones omnipotentes en México, basado en la dolorosa experiencia que ha tenido este país para lograr su independencia territorial, política y social, es necesario recordarles que el Presidente de la República es el primero, y debe ser así siempre, que vigile y observe la Constitución y las leyes que de ella emanan. Pero esta labor resulta difícil de cumplir y llevar al cabo cuando el mismo Presidente de la República es juez, parte denunciante y quejoso sobre un mismo asunto”.
“Para lograr la anhelada división y equilibrio de poderes se hace necesario que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los ministros que componen el pleno y las diversas salas de esa institución sean designados por el Congreso, que representa la sociedad engeneralyprocuraráelegiralomás brillante de la intelectualidad y pondrá en marcha la práctica legal que existe en el país, basándose en los criterios únicos de probidad, eficiencia y práctica pulcra de la jurisprudencia”.
“Cuando esta reforma le permita al poder judicial su tan anhelada —————
(*) Médico y escritor independencia y autonomía, hasta el Presidente de la República y sus empleados entenderán que no hay nadie por encima de la ley. Ya que dependerá sutilmente de la Corte, el Ejecutivo federal no podrá controlar ni manipular el derecho a través de ministros designados por él. Eso le permitirá saber al pueblo de México que la justicia se aplicará con todo rigor, incluyendo al Presidente de la República, no importando su alta investidura”.
“Ya que opere esta reforma constitucional, en beneficio y por salud de la nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora revestida de la claridad y transparencia necesarias, designará a todo juez, ministro, magistrado o juzgador de acuerdo con la ley vigente, procurando que los candidatos a esos puestos cuenten con una trayectoria excepcional, que sean conocidos por su propiedad y pulcritud en el ejercicio de la práctica legal y lleven 30 años de práctica profesional. Sólo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá removerlos”.
“Tales conceptos serían inútiles e inoperantes si no se aplicaran los mismos criterios y la misma autonomía para la designación y el funcionamiento autónomo del ministro de Justicia”.
Procedimos a realizar la presente transcripción sin haberle quitado ni un punto y ninguna coma, como suele ordenar el presidente López Obrador cuando manda una de sus múltiples iniciativas planchaditas, para que legisle y apruebe ipso facto la cámara de diputados de mayoría morenista.
El texto anterior es de tal contundencia que pareciera haber salido de la pluma de algún columnista en días recientes, pero aquí lo relevante: fue escrito por Ignacio Ramírez “El Nigromante”, uno de los artífices de las leyes de Reforma, desde mi perspectiva el más determinante y en lo particular del que me declaro admirador incorregible.
Los tres primeros párrafos publicados el 22 de julio de 1856 y el penúltimo el 11 de mayo de 1874; para actualizar el dato, al final, cuando se habla del ministro de Justicia se refiere a lo que hoy sería el actual procurador general de la República, tal como puede leerse en el extraordinario libro escrito por Emilio Arellano: “Ignacio Ramírez ‘El Nigromante’. Memorias prohibidas” (Edit. Planeta 2009). Siendo el autor descendiente familiar de este héroe mexicano, tuvo acceso a documentos e imágenes inéditas del que fuera el constitucionalista más liberal del siglo XIX.
Uno de los temas que más preocuparon al Nigromante era aplicar el concepto de que todo secretario de Estado debería haber laborado en la dependencia pública por lo menos 30 años y ser confirmado o designado por el Congreso; solo con este dato, un buen número de elementos del gabinete cuatroteísta se hubieran eliminado.
Pero también trató de impulsar el servicio de carrera en el gobierno, terminar con los compadres o amigazos con las consecuencias desastrosas por su incompetencia. Basta recordar el lema obradorista: 90% de honestidad y 10% de experiencia, con el que se justificaron un sin número de nombramientos…, entiéndase la confianza como sinónimo de entreguismo incondicional a la figura del primer mandatario.
Pero como bien describe Arellano en su excelente libro, el Nigromante impulsó este precepto dogmático y orgánico de la división de poderes. Fue un visionario, como pocos, de lo que implica la acumulación del poder en manos de un solo hombre. Se opuso siempre a que el presidente fuera considerado figura y actor principal del gobierno, como puede constatarse por una serie de encontronazos que tuvo con Benito Juárez.
Utilizando una de las frases de este sexenio, este texto: “nos vino como anillo al dedo”, para reflexionar la gran importancia de vivir en un Estado de derecho donde exista esta clara división de poderes.
Hecho relevante, porque estamos, sin temor a equivocarnos, frente a uno de los más poderosos presidentes que ha tenido México en su historia, pero este poder lo ha obcecado.
Los intentos repetidos por debilitar a la Suprema Corte de Justicia han tenido de todo: desde recursos legales, propuestas e iniciativas presidenciales que solas se han desmoronado por su falta de sustento jurisdiccional, hasta los más burdos ataques, intentos de intromisión, recortes al presupuesto y toda clase de golpes bajos desde calificativos despectivos y francamente denigrantes lanzados desde el púlpito Nacional, llegando a incitar a seguidores a armar plantones con todo tipo de ofensas desde panfletos, ataques en las redes sociales, hasta verdaderos performances peyorativos de seguidores manipulados y grupos de choque contratados exprofeso.
Ojalá que aquel que presume ser el más fiel seguidor de Juárez y, autoproclamado gran conocedor de la historia de México, le diera un repaso a lo escrito hace más de siglo y medio y que conserva una pasmosa vigencia. Vital por la trascendencia de lo que está en juego en las próximas elecciones.— Mérida, Yucatán.